El crecimiento económico era sostenible, mientras paralelamente se desarrollaba una sociedad con un marcado incremento en la calidad de vida, enmarcado en una mayor justicia social y reducción en la desigualdad.

No se puede desarrollar a un país sin crecimiento económico. Los países de avanzada como los de la Unión Europea y Singapur cimientan sus sociedades en el crecimiento con desarrollo.

Hay países con tasas de crecimiento económico formidables sin desarrollo y subsisten en una extrema pobreza. Por ejemplo, según el CIA World Fact Book, en el 2017 Etiopía tuvo un crecimiento de 10.9%; Ghana, 8.40% y Nepal, 7.9%.

La economía de Puerto Rico creció en las décadas del cincuenta y sesenta mientras el país se desarrollaba con el Plan Arbona de salud y una Universidad que contribuía a la evolución estructural del gobierno, la planificación del país, la experimentación agrícola y la formación de profesionales que se convertirían en protagonistas de la creación de un nuevo país.

Paralelamente, se establecían programas de vivienda pública y financiamiento disponibles para la adquisición de hogares. Proyectos inspiradores como el cooperativista, WIPR y la oferta cultural promovida por el Festival Casals y el Instituto de Cultura servían de modelo para otros países y creaban una proyección internacional.

Con la llegada del bipartidismo en la década del setenta, se comienza a abandonar el desarrollo y los esfuerzos se concentran en el crecimiento. Paulatinamente, se fueron erosionando las instituciones que se fundaron durante los gobiernos de Tugwell y Muñoz Marín para impulsar el desarrollo del país.

El objetivo principal del PPD y el PNP se convirtió en ganar elecciones exaltando sus logros alcanzados con el crecimiento económico y olvidando el desarrollo de Puerto Rico.

El incremento de fondos federales se convirtió en una prioridad para afectar el crecimiento económico. Los dos partidos políticos vociferaban en sus campañas políticas los nuevos fondos obtenidos por sus respectivos gobiernos. Era más fácil cabildear y conseguir fondos federales que gestionar un buen gobierno que minimizara la dependencia.

Con la eliminación de los fondos 936, los políticos incrementaron la emisión de bonos para poder financiar los aumentos salariales y proyectos faraónicos prometidos al electorado. Sin una fuente de repago predecible, Puerto Rico estaba destinado a un impago que lo arrastraría a la bancarrota financiera.

La intervención de la metrópolis con la imposición de su antidemocrática y arbitraria ley Promesa fue nefasta. Su fin es el repago de la deuda, obviando el desarrollo de su territorio o colonia.

La forma atropellada y arbitraria en que una juez extranjera dictamina el porvenir de los ciudadanos tronchando oportunidades futuras y destruyendo instituciones deja mucho que desear de un país que se vanagloria de ser paladín de la democracia.

La metrópolis tenía otras opciones disponibles para manejar el asunto de la deuda armonizado con un plan de desarrollo. En 1982 y 1995 Estados Unidos rescató a México de su crisis financiera con la emisión de los Brady Bonds garantizados por la Reserva Federal.

La ley Promesa incorpora un supuesto Plan de Desarrollo que resultó un ejercicio de futilidad. El plan carecía de sustancia y de compromiso para su implementación.

Desde hace once años Puerto Rico tiene un crecimiento económico negativo anualmente y su base productiva se ha disminuido marcadamente. Según la CIA, Puerto Rico ocupa la posición 206 de 224 países en su lista de “Crecimiento económico por país”.

La prioridad no debe ser el repago de la deuda, sino el establecimiento de un plan de crecimiento económico y desarrollo que pueda rescatar las instituciones para crear un nuevo país y entonces evaluar el repago de la deuda.