A treinta años del desplante

Artículo publicado en El Nuevo Día.

El 9 de febrero de 1989, en su primer Mensaje al País, el presidente George H.W. Bush propuso al Congreso un plebiscito autoejecutable para resolver el asunto del status de Puerto Rico. El presidente destacó su respaldo de la estadidad no sin antes aclarar que respaldaría la fórmula ganadora.

Esa es la primera y única ocasión que un presidente respalda una propuesta sobre el futuro de Puerto Rico con el consenso del gobernador de Puerto Rico y todos los partidos políticos.

La senadora Elizabeth Warren (D-MA) se equivocó cuando comentó recientemente en la Isla, que el problema del status es la falta de consenso. En 1989 había consenso y fue tronchado precisamente por el Senado al cual Warren pertenece. 

Tras reuniones y vistas públicas durante dos años, el Comité de Energía y Recursos Naturales, responsable por los territorios, y presidido por el senador Bennett Johnston (D-LA), no logró la aprobación del proyecto de plebiscito por una votación 10-10.

Horas  antes de la votación,  el presidente Bush instó al  Comité a que aprobara el plebiscito.  Siete senadores republicanos y tres demócratas votaron en contra.  Algunos que votaron a favor dijeron que lo habían hecho como una cortesía a Johnston, pero no necesariamente votarían por el proyecto en el pleno del Senado.

La principal razón principal que adujeron fue el estado de pobreza de Puerto Rico y el alto costo en ayudas federales que necesitaría el nuevo estado de la Unión.   El Puerto Rico de 1989 contaba con las 936 y estaba en una situación marcadamente superior a la actual. 

El New York Times reseñó que la razón  para no aprobarlo fue la posibilidad de que ganara la estadidad, opción rechazada en la metrópolis.

El Comité determinó que bajo la independencia, aquellos puertorriqueños que así lo desearan retendrían la ciudadanía estadounidense: “Nothing in this section (Sec. 301 del S-244) shall affect the citizenship of any person born prior to the date of the ratification”.

También determinó que bajo la independencia,  todos los beneficios adquiridos (seguro social, veteranos, pensiones) continuarían recibiéndose a perpetuidad, ya que habían sido aportados por los ciudadanos y/o patronos y no importaría el lugar de residencia del ciudadano.

Más aún, el proyecto señala que bajo la independencia todos los programas federales continuarían vigentes hasta el final del año fiscal cuando se convertirían en un “grant” pagadero todos los años durante los  nueve años subsiguientes.

El proyecto confirmaba el espíritu de un acuerdo entre un Puerto Rico soberano y un Estados Unidos soberano que, según el comité del Senado, perseguía la creación de un país desarrollado con una economía viable .

Desde 1989 en Puerto Rico no ha habido consenso sobre la solución del status político, pieza angular para salvar a Puerto Rico de su severa crisis socioeconómica.

La metrópolis ha tenido un plan para la isla desde 1896 cuando el Naval War College preparaba estrategias militares en la eventualidad de una guerra con España  detonada por la crisis en Cuba.

Debido a estos planes el presidente William McKinley  rechazó en 1899 el reclamo del plebiscito propuesto por líderes puertorriqueños encabezados por Eugenio María De Hostos.

Igualmente, el presidente Harry S. Truman vetó en 1946  el proyecto de plebiscito aprobado por la Legislatura de Puerto Rico, liderada por Luis Muñoz Marín.

En la metrópolis ha habido consenso en cuanto a Puerto Rico: la invasión en 1898; la definición de la relación como un “territorio no incorporado que pertenece pero no es parte de”; un “Commonwealth” sujeto a poderes plenarios del Congreso; la indiferencia ante peticiones de estadidad y desarrollo del ELA; y la imposición de la ley PROMESA.

El país se resigna a aceptar las decisiones de la metrópolis.