Actitudes antiamericanas

Artículo publicado en El Nuevo Día.

A quienes admiramos los principios democráticos, los derechos y las libertades en los Estados Unidos, se nos hace difícil comprender las actitudes antiamericanas de los dos principales partidos políticos puertorriqueños que promulgan la unión permanente con  Estados Unidos.  ¡Una verdadera confusión de espíritu!

La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, a la cual nuestra Constitución está subordinada, garantiza la libertad de expresión y de prensa. En esta enmienda se sentenció que la libertad de expresión no podía ser coartada por ninguno de los poderes públicos.

Sólo un presidente estadounidense, Richard Nixon, trató abiertamente de coartar estos derechos y violentar leyes… y terminó convirtiéndose en el único mandatario forzado a renunciar.

En Puerto Rico, gobernadores de ambos partidos han acusado a rotativos de ser “prensa amarilla”, han exhortado a sus electores a no comprar un periódico determinado y han boicoteado la pauta de anuncios del gobierno a periódicos que los critican.

Este escenario local de persecución o revanchismo abierto contra la prensa es impensable en los Estados Unidos (excepto durante el nefasto período del macartismo a mediados del siglo pasado).

En el presente tenemos escenarios como el cierre de la galería de la prensa en el Senado cuando se publican artículos negativos sobre la institución, y la reducción de fondos públicos a una institución cultural relacionada con un medio del país que critica al presidente del cuerpo. 

Nuevamente, estos son escenarios impensables en Estados Unidos y en otros países de avanzada en Europa.

A esto le añadimos un gobierno que descolegia a una centenaria institución como el Colegio de Abogados por su constante fiscalización de los gobiernos de turno.

Y sumamos a un cuerpo legislativo que le apaga los micrófonos a la oposición; aprueba plebiscitos y referéndum sin consenso de las minorías; y nombra al Tribunal Supremo a jueces sin calificaciones profesionales y a quienes horas después confirma sin vistas públicas para discutir sus credenciales. 

Es impensable que en Estados Unidos nombren al Tribunal Supremo a jueces sin calificaciones, sin una extensa discusión pública sobre los candidatos o sin algún tipo de consenso con la minoría.

Para complicar la situación en Puerto Rico, el partido opositor y más antiguo del país recientemente censura y penaliza a uno de sus legisladores por asumir una posición distinta a la del partido. 

El partido que pretende ganar las elecciones ya está asumiendo posiciones antiamericanas como la del partido de gobierno.

El partido retador debe ser cauteloso de que sus acciones para acallar a la disidencia no reabran el capítulo trágico de su historia cuando aprobó la Ley de la Mordaza en 1948. 

Esta ley encarceló a miles de puertorriqueños por el mero hecho de asistir a reuniones convocadas por movimientos independentistas y hasta por poseer la bandera de Puerto Rico (que posteriormente se convirtió en la bandera oficial del país).  La ley que violó derechos civiles y de expresión fue derogada en 1956.

Es impensable que el Partido Republicano o el Partido Demócrata de Estados Unidos censuren a un integrante que no asuma las posiciones oficiales del partido. 

Las votaciones en el Congreso de proyectos de ley y aprobación de nombramientos reflejan diariamente los votos disidentes entre los partidos.   El propio “Tea Party” asume posiciones para derrotar a políticos incumbentes dentro del mismo Partido Republicano en que militan.

Algunas actitudes de los dos partidos puertorriqueños que han dominado el escenario político desde mediados del siglo XX son cónsonas con las actitudes de gobiernos dictatoriales como los de Trujillo, Batista, Somoza y Pinochet, y están muy lejos de las actitudes de Thomas Jefferson, Benjamín Franklin y James Madison, fundadores de Estados Unidos, quienes resaltaban el principio sagrado del respeto ineludible al valor de la expresión individual y de la libertad de prensa.