Candidaturas independientes

Artículo publicado en El Nuevo Día.

En días recientes se han discutido en la prensa del país candidaturas de ciudadanos interesados en ocupar puestos electivos fuera de los partidos políticos inscritos. Sin entrar en los méritos de los candidatos y sus motivaciones, el sistema electoral vigente prácticamente imposibilita su triunfo.

Aún más, la Constitución protege la partidocracia, lo cual impide que los electores puedan favorecer a candidatos independientes según sus méritos.

El caso más dramático de cómo el sistema electoral puede torcer la voluntad de un pueblo es el de las elecciones de 1972, cuando el Tribunal Supremo determinó que el escaño vacante en la Cámara de Representantes le correspondía a Luis Ángel Torres (PIP), quien obtuvo 127 votos, en lugar de al exgobernador Roberto Sánchez Vilella, quien obtuvo 59,855 votos.

Había consenso de que la contribución del exgobernador habría sido marcadamente más beneficiosa para el país. Pero la Constitución protegió a los partidos por encima del talento y los mejores intereses de los ciudadanos.

Una limitación adicional que tiene una candidatura independiente es el ejército electoral que necesita reclutar para proteger sus votos en 7,755 colegios electorales. En las mesas de conteo se pueden ganar o perder elecciones.

Por tanto, cualquier candidato cuyo objetivo sea ganar, debe integrarse a uno de los partidos políticos existentes o fundar uno nuevo.

Cuando se han fundado partidos nuevos, casi todos han tenido una corta vida; los más notables, el Partido del Pueblo en 1968, liderado por el gobernador Roberto Sánchez Vilella, y el Partido Renovación Puertorriqueña en 1984, dirigido por el alcalde de San Juan, Hernán Padilla.

En la historia reciente, sólo hay dos casos de partidos políticos nuevos y exitosos (Partido Popular Democrático, en 1938, y Partido Nuevo Progresista. en 1968), ambos resultantes de desprendimientos significativos de partidos existentes.

Igual sucede en Estados Unidos, de donde emana nuestro sistema republicano de gobierno. Las candidaturas independientes y los nuevos partidos políticos han tenido un rol de “spoilers”.

Ejemplos recientes son el efecto de la candidatura de Ross Perot a la campaña de reelección de George H.W. Bush en 1992 y la de Ralph Nader a la campaña de Al Gore en el 2000.

El fenómeno del partido Podemos, en España, enmarcado en un sistema parlamentario, no sería posible en un sistema republicano dominado por dos partidos políticos como en Estados Unidos y Puerto Rico.

El sistema de “inversionismo político” nutre a los propios partidos políticos, siendo una relación simbiótica entre los políticos y los inversionistas.

Este sistema está protegido, a su vez, por la Constitución de Estados Unidos.

El Tribunal Supremo federal ha declarado como derecho de los candidatos el recaudar fondos ilimitados provenientes de millonarios, corporaciones e intereses particulares, aunque no sean cónsonos con los mejores intereses de los ciudadanos.

En el 2012 tanto Barack Obama como Mitt Romney gastaron más de $1,000 millones cada uno en su campaña eleccionaria.

Nuevamente, los tribunales federales, invocando el derecho de libre expresión, interpretaron que su Constitución no permite limitaciones de gastos publicitarios.

Sin embargo, hay países que protegen la libre expresión, pero prohíben la publicidad pagada de candidatos en la televisión, como Gran Bretaña y España.

Las candidaturas independientes locales podrían ser viables de aprobarse una enmienda a la Constitución que permita hacerle cambios al proceso electoral.

Pero es altamente improbable que los partidos políticos aprueben una en contra de sus mejores intereses.

El mecanismo para emprender un proceso electoral de avanzada descansa en establecer una nueva relación con Estados Unidos, con poderes soberanos, que nos permita tener un sistema parlamentario como el de la mayoría de las democracias del mundo.

Un sistema que admita alianzas entre partidos, impida el control absoluto de uno de ellos, limite los intereses creados y permita cambios de gobierno en el momento que éste deje de funcionar para los mejores intereses de los ciudadanos.