Cero aumento a la luz

Artículo publicado en El Nuevo Día.

La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) recientemente acordó con los bonistas un aumento mayor de un 30% en el costo de la luz. Los ciudadanos, los comercios y la economía de Puerto Rico no pueden ni deben acoger un aumento en el costo de este servicio. El costo energético de Puerto Rico es uno de los más altos en el mundo, muy superior al de Madrid y Nueva York.

Los fondos generados por este aumento no se usarían para renovar la infraestructura o para la conversión necesaria en un sistema de energía renovable, indispensable para reducir el costo energético y conservar el medioambiente.

Los fondos del aumento irían a los bonistas, cuya mayoría no son los inversionistas que apostaron a Puerto Rico y la AEE, sino especuladores que compraron los bonos con descuentos para revenderlos con ganancias (fondos buitres).

El laureado premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, apuntó que la deuda pública de Puerto Rico es impagable en el escenario actual.

Las repercusiones de este aumento rebasarían por mucho el efecto individual que tendría en las facturas de la AEE. Por ejemplo, actualmente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) paga cerca de $130 millones anuales a la AEE. En promedio, $10 de la factura individual de agua están destinados al pago de la AAA a la AEE. Es decir, un aumento del costo de energía produciría un aumento en el del costo del agua, además del aumento que la AAA ya ha anunciado.

Puesto que el Gobierno es el principal consumidor de energía, este aumento ocasionaría un incremento en el déficit operacional del mismo Gobierno. Por ejemplo, la ya golpeada Universidad de Puerto Rico paga $40 millones anuales a la AEE.

Los comercios pasarían este costo adicional a los consumidores.

Uno de detractores para atraer industrias que generen empleos bien remunerados es el ya alto costo de la energía.

Los hoteles tendrían que pasarle el aumento a los turistas, afectando la competitividad de la industria. Como en otras ocasiones, el Gobierno podría subsidiarlos, ocasionando a su vez un aumento en su déficit presupuestario.

El costo de la energía es la ficha crítica para restablecer la economía. Privatizar la AEE no es la solución ya que cualquier inversionista privado necesitaría aumentar las tarifas para poder asumir la deuda pública, invertir en infraestructura y generar ganancias.

¿Dónde están los responsables del colapso de la AEE  que en sus mejores días fue la “joya de la corona” y el modelo de excelencia administrativa? ¿Quién responde por una de las emisiones de bonos recientes de la AEE durante el Gobierno de Fortuño para el proyecto natimuerto del supertubo?

Los ciudadanos golpeados por la escasez de empleos, salarios mermados, y la reducción de sus pensiones no deben ser quienes paguen este aumento.

Desde hace más de una década Puerto Rico se encuentra en una depresión  económica. En el 2007 había 1.250 millones de puertorriqueños empleados. Hoy son menos de un millón. La eliminación de las 936, promovida por el Gobierno de Rosselló-Romero, y la incapacidad de los gobernantes desde 1996 para preparar un plan de sustitución de los empleos perdidos arrastraron al país al escenario actual de una caída libre.

Crisis económicas de menor grado que la que atraviesa Puerto Rico generan protestas en otros países y ciudades del mundo. Recientemente, ciudadanos con chalecos amarillos paralizaron la capital francesa a raíz del anuncio del aumento de la gasolina hecho por su popular presidente.

¿Qué sucedería si los clientes de la AEE rehusaran pagar sus cuentas? ¿Los desconectarían a todos? ¿Forzaría esto al Congreso, que tiene la autoridad y responsabilidad del territorio, a buscar una solución al problema más allá de proteger los intereses de los bonistas?