Dependencia y endeudamiento

Artículo publicado en El Nuevo Día.

Desde 1968 una de las prioridades de los gobiernos de turno ha sido aumentar la dependencia y el endeudamiento.

El éxito electoral en los inicios del Partido Popular Democrático está asociado a la búsqueda de fondos federales del Nuevo Trato del presidente Franklin D. Roosevelt (Puerto Rican Emergency Relief Administration (Prera) y la Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA).

Luis Muñoz Marín fue muy efectivo consiguiendo el apoyo de la primera dama, Eleanor Roosevelt, a través de Ruby Black, asesora de él y biógrafa de ella.

Sin embargo, a través de todos los discursos anuales, el gobernador Muñoz Marín enfatizaba como estrategia la reducción de la dependencia de fondos federales.

Con la elección del primer gobernador estadista en 1968, la estrategia cambió hacia aumentar la dependencia de fondos federales y consiguieron la implantación local del programa federal de cupones de alimento.

De ahí en adelante, para los gobernadores de turno, uno de los principales logros que resaltaban en sus campañas políticas era el aumento en la transferencia de fondos federales y, por ende, en la dependencia.

Se perdió el norte. La consigna ya no era la creación de empleos o la ética del trabajo, “leitmotiv” en los discursos anuales de Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella, sino el aumento en la transferencia de los fondos federales.

Puerto Rico evolucionó de una economía agrícola a otra militar y luego a la manufacturera, la cual tuvo varias etapas desde la industria de la aguja hasta las petroquímicas y finalmente las farmacéuticas de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal. Paralelamente, se creaba una industria de servicios.

La imposición del salario mínimo federal y la eliminación de las “936” fueron golpes mortales al modelo económico.

El desplome del modelo económico combinado con la eliminación del acceso privilegiado al mercado estadounidense llevaron a los gobiernos de los dos partidos políticos a promover el endeudamiento para poder cumplir con las promesas electorales y buscar la reelección.

La deuda pública se triplicó desde el 2000. Las casas de corretaje fueron cómplices en este aumento vertiginoso de la deuda.

Su esfuerzo se concentraba en generar sus comisiones y no necesariamente cuestionar la fuente de repago que provenía de un país cuya economía evolucionaba de empleos bien remunerados de las “936” a otra basada en transferencias federales y endeudamiento.

Las acreditadoras les daban acreditaciones fabulosas a los bonos de Puerto Rico apenas hace unos años, y ahora los degradan y los lanzan en un espiral hacia el vacío.

La deuda de Puerto Rico de más de $70,000 millones es impagable. Puerto Rico no debe continuar emitiendo más deuda, a unos intereses exorbitantes, para pagar deudas. Los acreedores están acostumbrados a renegociar deudas incobrables.

El tranque actual sobre la posible quiebra dramatizala situación colonial de Puerto Rico. No se puede declarar en quiebra debido a que no es un estado de la Unión, pero tampoco se pueden aprobar leyes de quiebra local debido a que el tribunal federal, integrado por jueces nombrados por presidentes estadounidenses y confirmados por el Senado federal, invalidan nuestras leyes.

Puerto Rico está en el peor de los dos mundos. La metrópoli ni permite que Puerto Rico maneje su quiebra o reestructure su deuda ni ayuda a resolverla.

Puerto Rico está en una situación similar a Grecia, porque tampoco puede devaluar su moneda. Ellos están amarrados al euro, y Puerto Rico, al dólar.

La diferencia es que, por ser Grecia un estado soberano dentro de la Unión Europea, el problema de Grecia es problema de todos. En el caso del territorio no incorporado de Puerto Rico, su invisibilidad en la metrópolis no permite una solución al problema.

Puerto Rico necesita un liderato valiente que confronte el problema con los acreedores y no continúe aumentando una deuda impagable a un alto costo para el pueblo.