El cancer de la corrupción

 Artículo publicado en El Nuevo Día.

La corrupción es el principal problema de Puerto Rico.  Ningún status político es viable en un país corrupto en estado de negación,  sin introspección y sin un sistema con elementos de disuasión.

El pueblo no se inmutó cuando el presidente de Estados Unidos, por primera vez en 120 años desde la invasión a Puerto Rico, señaló públicamente que el pueblo de Puerto Rico tiene uno de los gobiernos más corruptos de Estados Unidos.  Patéticamente y sin darse por aludidos, el secretario de Estado y la comisionada residente continuaron respaldando y felicitando públicamente al presidente.

El caso de corrupción más reciente es el del senador y exalcalde Abel Nazario, acusado federalmente de  decenas de actos delictivos.  La solidaridad enfática o sigilosa de sus colegas en la Legislatura, de todos los partidos políticos, dramatiza la dimensión del problema.

 En una escena digna del teatro del absurdo de Ionesco, el acusado solicitó al pueblo contribuir financieramente a su defensa en contra de las acusaciones por cargos que el Estado le radicó a nombre del pueblo.

Por eso el dramaturgo Eugene Ionesco decía: “El realismo se queda corto con respecto a la realidad.  La disminuye, la atenúa, la falsifica.  Presenta al hombre en una reducida y extraña perspectiva.  La verdad está en nuestros sueños, en nuestra imaginación”.

Otro caso notable es el del municipio de Toa Baja,  que por años proveía la piñata para políticos derrotados hasta que finalmente quebró al municipio y el Gobierno federal reveló esquemas de fraude.  El exalcalde fue premiado con contratos de asesoramiento en la Legislatura y la Comisión Electoral.

Se pensaba que por los casos de corrupción de la pasada administración, cuya figura emblemática fue el personaje de Anaudi, y su merecida derrota electoral servirían de escarmiento para los políticos electos.  Nada más lejos de la realidad. 

Si bien los políticos acaparan las noticias con sus actos delictivos, la corrupción arropa a toda la sociedad.  La empresa privada es cómplice de los políticos y, contrario al proceder de otros países, aquí no se le enjuicia.  La academia, las instituciones, los sindicatos, las iglesias, todos han sido salpicados con actos de corrupción en años recientes.

Los medios de comunicación también son cómplices cuando contratan a expolíticos convictos como comentaristas noticiosos convirtiéndolos en modelos para la sociedad.  Peor aún,  anunciantes patrocinan estas gestiones.

La corrupción no es un problema exclusivo de Puerto Rico.  Constantemente congresistas y gobernadores en Estados Unidos son obligados a renunciar y se enjuician por actos delictivos federales. 

En las últimas semanas dos congresistas republicanos de los estados de California y Nueva York fueron acusados en el tribunal federal.

Tras los estragos del huracán María, la corrupción alcanzó un nivel de prominencia internacional.  Los vagones  y donativos perdidos, los contratos escandalosos, los sueldos y gastos excesivos,  la ineficiencia, la gansería de comerciantes…

El Congreso asignó fondos de ayuda a Puerto Rico para la recuperación del huracán pero no se han desembolsado ante la desconfianza de que no se usen bien.

En el 2015 la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico realizó un abarcador estudio sobre la corrupción en Puerto Rico y presentó recomendaciones de cómo combatirla. Debido a que nadie se dio por aludido, las recomendaciones fueron simplemente ignoradas. 

Una de las frases lapidarias es: “Lo que llama la atención es lo común y generalizadas que están algunas de estas prácticas [corruptas], no solo de parte de funcionarios públicos, sino de muchos ciudadanos”.

“Corrupción” proviene del latín y significa “echar a perder”.  Está en manos de los ciudadanos indignados, honestos y comprometidos con el país forzar a la clase política a implementar las recomendaciones de la Comisión o continuar echando a perder al país.