Artículo publicado en El Nuevo Día.

El comercio ha sido un elemento esencial para el desarrollo de las civilizaciones desde los egipcios y chinos en la antigüedad, hasta los estadounidenses en el siglo 20.

Una sociedad no puede desarrollarse económica ni socialmente sin una clase exitosa de comerciantes, agricultores y empresarios.

El último gobernador extranjero de Puerto Rico, Rexford G. Tugwell, creía en la autosuficiencia alimentaria de la Isla.

Se oponía a la otorgación de exención contributiva a capital extranjero y abogaba por el desarrollo de una clase de empresarios y comerciantes locales. No fue hasta que Tugwell culminó su gobernación, que se aprobó la Ley de Exención Contributiva de 1947.

Los subsidios y exenciones a intereses extranjeros o el aumento de la dependencia no deben sustituir este motor importante de la economía.

Un gran defensor de los comerciantes y agricultores puertorriqueños fue Pedro Albizu Campos. Criticó la alianza entre los políticos, los comerciantes extranjeros y las asociaciones que los representaban.

Planteaba que era indispensable el fortalecimiento del capital nativo y el desarrollo de una clase exitosa de comerciantes y agricultores locales.

El discurso vigoroso de Albizu en contra del gobierno invasor opacó sus propuestas económicas, algunas adoptadas posteriormente. En la actualidad, los comerciantes sufren las consecuencias de un modelo económico colonial que sirve principalmente a los intereses de la metrópoli.

Asimismo, son víctimas de leyes de cabotaje respaldadas por los principales partidos políticos de la metrópoli.

En todas las economías el sector comercial depende de una banca agresiva en la prestación de fondos para financiar la expansión de sus operaciones. La banca en Puerto Rico está maniatada por los reguladores federales.

Es impresionante la cantidad de negocios que hay cerrados o a la venta sin posibles compradores por falta de financiamiento. La clase política ha olvidado a los comerciantes. No los protegieron como hicieron en otra época con los distribuidores mediante la Ley 75.

Más aún, muchos alcaldes favorecieron a las megatiendas, proveyéndoles exenciones de patentes municipales y otros incentivos en menoscabo de los comerciantes locales. Más de cinco mil pequeños y medianos negocios están cerrando anualmente.

Un grupo exitoso de comerciantes, agricultores y empresarios locales es esencial para una soberanía exitosa. Esto no es algo que se desarrolla a corto plazo, mucho menos cuando Puerto Rico camina en la dirección contraria.

Si bien el desarrollo a plenitud del empresarismo local está limitado por el status colonial enmarcado en los intereses económicos de la metrópoli, se pueden dar pasos para comenzar a fortalecer a ese grupo importante.

La clase política debe asumir la responsabilidad de protegerlos como se hace en otros países o estados de la Unión.

El gobierno local debería convencer a los reguladores federales de que flexibilicen sus reglamentaciones de la banca local. Esta reglamentación restringe la otorgación de crédito que limita el desarrollo económico.

Además, los federales son parcialmente responsables del desplome del sector inmobiliario del País por las normas de tasación que han impuesto. Estas contribuyeron a que la valorización de las propiedades bajara en promedio a un 40% del nivel alcanzado en el 2008.

Consecuentemente, se han evaporado una parte significativa del capital local y los ahorros de los ciudadanos, cuya planificación estaba basada en que el valor de la propiedad históricamente sólo aumentaba.

Para Albizu, la soberanía no podía limitarse a una aspiración de orden espiritual; debía trascender a un nacionalismo económico.

Albizu promulgaba que el verdadero nacionalismo era la recuperación de las riqueza puertorriqueña por los puertorriqueños o, en otras palabras, el capitalismo criollo.