El cáncer de la corrupción

Artículo publicado en El Nuevo Día.

Uno de los principales problemas de Puerto Rico es el alto nivel de corrupción evidenciado tanto en el sector público como en el privado fines sin de lucro o con él. Este fenómeno no es reciente y se ha ido incrementando durante las últimas décadas. Lamentablemente, la mayoría de la ciudadanía se ha resignado a aceptar pasivamente la corrupción como un modus vivendi.

Las imágenes de alcaldes legendarios y legisladores intocables esposados son impactantes. Sin embargo, esos políticos no hubieran sido exitosos en sus actividades corruptas sin la complicidad de comerciantes y ciudadanos individuales.

También impactan los arrestos de funcionarios desconocidos y profesionales privados acusados por reclamar ilícitamente fondos federales.

La corrupción no sólo está presente en las esferas gubernamental y política, sino también en el mundo empresarial, el cívico, el religioso, el educativo, el deportivo y el sindical.

Dos estadísticas que dramatizan el alto nivel de corrupción en Puerto Rico son las del estimado de que casi la mitad del dinero del IVU cobrado por los comerciantes nunca llega a las arcas públicas y que más de 200,000 consumidores de agua no la pagan.

Si bien el IVU Loto pretendía captar a los comerciantes que cobraban y no pagaban el impuesto, finalmente el Gobierno desistió del programa ante su inefectividad y los cuestionamientos por la ausencia de transparencia en los sorteos.

Los consumidores que le pagan a la AAA se resignan pasivamente a subsidiar el consumo del agua de quienes no la pagan.

Recientemente, la Comisión de Derechos Civiles publicó un abarcado informe realizado cabalmente por los licenciados Víctor Rivera Hernández y Víctor García San Inocencio. Los hallazgos y recomendaciones del informe son una aportación valiosa al país.

El informe señala que la corrupción redunda en “un beneficio personal o a terceros, una merma en patrimonio público o una lesión a la función o integridad pública que, a su vez, reduce el bienestar social y lacera el interés público”. Afirma que la corrupción violenta los derechos humanos, ya que los ciudadanos son afectados por las actuaciones de los corruptos.

La corrupción no es un fenómeno nuevo. Existe desde la antigüedad y la problemática es global. Se ha agudizado con el desarrollo de la tecnología, la economía globalizada y las redes internacionales. Las acusaciones recientes a dirigentes del fútbol internacional (la FIFA) es un ejemplo de la magnitud del problema.

En nuestra antigua metrópolis española vemos la corrupción constantemente desplegada en las portadas de los rotativos. Mina desde a la monarquía, al partido conservador en el poder, hasta a los líderes independentistas catalanes.

En nuestra actual metrópolis estadounidense la corrupción cubre todo el espectro que abarca desde los municipios hasta el gobierno federal y todas las ramas del poder. Casos notables son los del vicepresidente Spiro Agnew, el juez federal Thomas Porteous, y los “speakers” Jim Wright y Newt Gingrich.

El sistema electoral estadounidense permite contribuciones políticas ilimitadas mediante los comités políticos. Según The New York Times, solamente 158 familias contribuyeron con $176 millones durante esta fase de la campaña política, lo cual representa la mitad del total recaudado.

Puerto Rico no debe estar limitado a los modelos de las dos metrópolis que han controlado nuestra historia.

El informe de Transparencia Internacional del 2014 coloca a los países escandinavos, Nueva Zelanda y Singapur, como modelos a emular por sus bajos índices de corrupción.

La Comisión de Derechos Civiles, en su publicación “Derechos humanos y corrupción”, introduce ideas valiosas para combatir la misma en todos los niveles. Entre las más importantes está la de fortalecer las leyes que protegen a las personas que denuncian actos de corrupción (“whistleblowers”).

La corrupción no solamente es costosa para la economía y para el erario, sino que lacera la fibra moral de una sociedad, afecta la calidad de vida y violenta los derechos humanos de los ciudadanos.