El déficit democrático del 30 diciembre de 2020

Cualquier persona que tenga un conocimiento elemental del modus operandi con que funciona la capital de la metrópolis sabe que la estrategia esbozada en la torcida ley 167 no tiene posibilidad alguna de triunfo.

Más aún, esta ley improvisada retrasa otras iniciativas anexionistas.

La Ley dispone una elección especial de seis delegados para representar a Puerto Rico ante el Congreso y “exigir que se proceda a admitir a Puerto Rico como un Estado de Estados Unidos de América”.

Como era de esperarse, el Congreso ha ignorado la ley y no ha invitado a los delegados al hemiciclo, que tras la Insurrección del 6 de enero se encuentra bajo estrictas medidas de seguridad.

En el Senado federal, el líder de la mayoría, Chuck Schumer (D-NY), y el de la minoría, Mitch McConnell (R-KY), se han opuesto a otorgar la estadidad.

Causa vergüenza ajena que los delegados estén integrados por personas desconocidas, políticos derrotados como Mayita Meléndez y Melinda Romero, y Ricky Rosselló, el único gobernador expulsado de su puesto por la inmensa mayoría del pueblo por su ineptitud, negligencia e insensibilidad.

Ricky Rosselló se convirtió en la principal figura que representa a la isla en el Congreso para exigir la estadidad. Un escenario surrealista y a la vez cantinflesco.

El episodio de la elección de Ricky Rosselló, violentando los requisitos mínimos y con la mentira perpetrada en sus torcidas versiones sobre su lugar de residencia, confirman el dictamen del pueblo de echarlo de la gobernación.

La desatinada validación de la Comisión Electoral, el Tribunal Apelativo y el Tribunal Supremo es otra mancha para estas instituciones.

La cuantiosa compensación de más de $100,000 anuales a cada delegado causa indignación cuando se compara con el sueldo de $24,000 de un profesor de la UPR con un doctorado y carga académica completa. Más aún cuando por lo menos uno de los delegados ni siquiera cuenta con un bachillerato.

En un país sumergido en una quiebra económica sin un proyecto de desarrollo; con una inequidad creciente; problemas crónicos de salud mental; eliminación de acreditaciones a la UPR por falta de recursos; sueldos de hambre para maestros, personal médico y policías, entre otros, es altamente irresponsable y repudiable que haya políticos que le asignen a los cabilderos la más alta prioridad.

¿Dónde estaba la supuesta rígida Junta de Control Fiscal que no escatima en reducir presupuestos a la UPR, actividades culturales, pensiones, etc., pero no intervino con los gastos superfluos para una elección especial ni con los sueldos de unos delegados inconsecuentes en el Congreso y ajenos a la Constitución de Puerto Rico?

Pedro Pierluisi, el gobernador electo con el porciento más bajo en la historia, tuvo una oportunidad dorada de eliminar la tétrica y bochornosa ley 167 de Tommy, Johnny y Wanda, y asignar los fondos asignados a las verdaderas prioridades del país. Lamentablemente, decidió rechazar la derogación de la ley aprobada por la nueva legislatura que representa a la mayoría del pueblo.

Así quedarán Pedro, Wanda, Tommy y Johnny inmortalizados en los anales de la historia de nuestro país.