El retroceso de la estadidad

 Artículo publicado en El Nuevo Día.

Durante el 2019 el ideal de la estadidad para Puerto Rico ha retrocedido en Estados Unidos como resultado de tres eventos recientes.

El primer acontecimiento fue el puño en la cara ofrecido públicamente por el gobernador estadista al presidente de Estados Unidos. Es muy probable que esta sea la primera ocasión en la historia de esta nación que un gobernador amenaza públicamente con agredir a su presidente. Aunque Trump ignoró la amenaza, es predecible la reacción de un presidente conocido por sus comportamientos de “bully” y reacciones rencorosas y vengativas. Trump tiene un respaldo minoritario, pero cuenta con correligionarios fanáticos que controlan regiones importantes de Estados Unidos y el poderoso Senado.

El gobernador olvidó que la Constitución estadounidense en ningún lugar establece la estadidad como un derecho. La estadidad es por invitación; no se obtiene con amenazas de agresión física y está disponible actualmente para todos los puertorriqueños en 50 estados.

El segundo evento es la acusación de corruptos e ineptos hecha por el presidente Trump a los políticos que controlan el gobierno estadista. Este evento nunca antes había ocurrido en la historia de la metrópolis con su territorio. La ineptitud del gobierno local ha sido claramente expuesta ante el mundo con el manejo de los asuntos relacionados con los huracanes Irma y María. Sin embargo, la acusación de corrupción demuestra que el gobierno federal tiene más información sobre prácticas cuestionables del Departamento de Educación que lo que aparenta tener el gobierno de Puerto Rico.

La corrupción en el manejo de fondos en el mayor sector de transferencias federales al gobierno local no es algo nuevo para la metrópolis y recuerda la convicción federal del secretario de Educación, Víctor Fajardo, bajo el gobierno del padre del gobernador.

Es irónico que estas investigaciones se realicen con una secretaria de Educación estadounidense y contratistas en Estados Unidos. Pero es daño colateral que un presidente obsesionado con destruir la credibilidad de Puerto Rico aprovecha para intentar minimizar las transferencias federales relacionadas con los huracanes.

El tercer evento es el proyecto de estadidad HR-1965 presentado por el congresista Darren Soto (D-FL) y la comisionada residente Jennifer González el 28 de marzo de 2019 conocido como el “Puerto Rico Admission Act”. El gobernador participó en el anuncio del absurdo proyecto que le otorgaría la estadidad a Puerto Rico para finales de junio sin ni siquiera precederle la realización de un nuevo plebiscito cosmético en la isla. Habiendo transcurrido casi una tercera parte del plazo establecido, el proyecto no emerge en la agenda de los organismos responsables por Puerto Rico: el Subcomité de Pueblos Indígenas y el Comité de Recursos Naturales y Energía. Este proyecto poco serio mina la credibilidad del liderato estadista.

Este intento dista mucho del estéril “Puerto Rico Statehood Act” presentado por el presidente Gerald Ford en 1977 luego de que los distintos departamentos de su Gobierno estipularan la inviabilidad del desarrollo del ELA dentro de la actual Constitución estadounidense.

Desde 1899, cuando el recién fundado Partido Republicano prometió en su plataforma la estadidad para Puerto Rico, los partidos políticos estadounidenses han incluido la estadidad en sus plataformas como un proceso proforma sin ninguna consecuencia.

En el segundo plebiscito, en 1993, los presidentes Reagan, Ford y H.W. Bush en un esfuerzo infructuoso grabaron comerciales endosando la estadidad. Los resultados de los cinco plebiscitos (1967, 1993, 1998, 2012 y 2017) han sido ignorados por la metrópolis.

Si bien el 2019 ha retrasado el proyecto estadista, en el 2020 la comisaría residente en Washington cumplirá dieciséis años de estar siendo ocupada por promotores de la estadidad. ¿Por qué no avanza la causa? A buen entendedor, pocas palabras bastan.