Estadísticas creíbles

 Artículo publicado en El Nuevo Día.

Las estadísticas son tan vitales para determinar la situación de un país como son los resultados de una prueba de sangre o un “mri-scan” para un ciudadano.

Un ser humano planifica su comportamiento corporal futuro basado en exámenes médicos; una empresa, en estudios de viabilidad o mercado; un político, en encuestas sobre preferencias del electorado; un investigador académico, en fuentes de investigación.

Según se amañan las fuentes, así colapsan los cimientos de los planes futuros.  Por eso estas deben ser recopiladas por recursos independientes con estándares de calidad que provean la credibilidad indispensable.

La credibilidad de las estadísticas es tan relevante para la planificación de los países, que en 1947 la recién fundada Organización de las Naciones Unidas creó la Comisión de Estadísticas de la ONU.  Esta “actúa como cúpula del sistema estadístico mundial”   y establece normas de estadísticas, la elaboración de conceptos y métodos, y su aplicación.

Entre los “Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales” de la ONU se estipula: “… la confianza esencial del público en la integridad de los sistemas estadísticos depende en gran medida del respeto de los valores … son cruciales la independencia profesional y la rendición de cuentas de los organismos de estadística, destacando que, para ser efectivos deben ser garantizados por los marcos jurídicos e institucionales y respetados en todos los niveles políticos…” .

Puerto Rico se insertó en el resto del mundo estadístico en el 2003, cuando se fundó el Instituto de Estadísticas.   Hasta entonces sus estadísticas habían sido  recopilabas por las distintas agencias gubernamentales dirigidas por jefes de agencias nombrados por los políticos de turno.

El Instituto comenzó operaciones en el 2007 como agencia independiente, con una junta de profesionales nombrada por el gobernador, la cual, a su vez, nombra a un director ejecutivo con las calificaciones estipuladas. 

Uno de los primeros proyectos metodológicos fue el de las estadísticas de mortalidad.  Se encontró que en las estadísticas oficiales no se clasificaban adecuadamente las causas de muerte ni se contabilizaban todos los muertos.

Por ley, el Instituto tiene el poder de recopilar estadísticas de las distintas agencias gubernamentales y de evaluar y ratificar su metodología.

Actualmente hay discrepancias sobre las estadísticas de asesinatos entre la Policía de PR y el Departamento de Salud. Estadísticas importantes para la economía están dispersas entre la Junta de Planificación y  los departamentos del Trabajo, Hacienda, Turismo, Puertos, Comercio, Fomento y otros.

Estas situaciones dramatizan la necesidad de un instituto independiente donde se centralicen las estadísticas.

En el 2017 el gobernador Rosselló destituyó arbitrariamente a la mayoría de los miembros de la Junta del Instituto para designar a sus favoritos.  Dicha decisión paralizó al Instituto y llevó el caso al Tribunal, el cual recientemente falló en contra del Gobernador tras concluir que había actuado en contra de la ley.

La paralización del Instituto conllevó que hasta el momento nadie haya podido determinar el número de muertes causadas por los huracanes. La Presidenta de la American Statistical Association escribió una carta al Gobernador expresando su decepción por la exclusión de los peritos del Instituto en la contabilización de las muertes por los huracanes.

Varios congresistas estadounidenses y la Junta de Supervisión Fiscal han defendido al Instituto, oponiéndose al plan del gobierno actual de politizar y suprimir la independencia del organismo.

Es irónico que en un momento donde el gobierno adolece de falta de credibilidad en la metrópolis, sea la propia metrópolis la que defienda a organismos locales independientes que pueden ayudar a restablecer la credibilidad del país.

Es aún más irónico que los puertorriqueños, salvando algunas excepciones, asuman una posición pasiva ante los ataques al instrumento que provee las estadísticas creíbles para establecer una política pública con alguna posibilidad de salir de la crisis en la que el país está sumergido.