¡Esto tiene que cambiar!

Artículo publicado en El Nuevo Día.

En 1968, luego de tres intentos fallidos como aspirante a la gobernación, Luis A. Ferré se convirtió en el tercer gobernador electo de Puerto Rico, producto de la división del Partido Popular Democrático (PPD).

Este acto había sido detonado por la inflexibilidad del liderato del Partido al negarle al gobernador Roberto Sánchez Vilella la oportunidad de participar en unas primarias para seleccionar a su candidato a gobernador.

El recién fundado Partido Nuevo Progresista logró el triunfo utilizando el “slogan” afectivo de “esto tiene que cambiar”. Muchas cosas cambiaron con el triunfo electoral: terminó la hegemonía del PPD y comenzó la rotación del poder, politizando el servicio público y creando el inversionismo político.

Luego de cuatrocientos años como colonia española y medio siglo bajo Estados Unidos, la democracia en Puerto Rico, controlada por el Congreso de Estados Unidos, no estaba lista para la alternancia del poder político.

Es poco probable que una colonia pueda establecer un plan de desarrollo económico y social coherente cuando los poderes están controlados por otra entidad que responde a los intereses de la metrópoli.

Algunos ejemplos de la arbitrariedad de la metrópoli son: haber impuesto las leyes de cabotaje; haber otorgado y luego eliminado la exención contributiva a las farmacéuticas (“936”); haber impuesto un salario mínimo federal a un territorio que experimenta circunstancias distintas a las de los estados; haber firmado tratados de libre comercio con otros países sin considerar su efecto en el territorio; haber establecido ayudas sociales sin evaluar su efecto desmotivador para ciudadanos emplearse; y haber determinado que los puertorriqueños no deben recibir lo que les corresponde en pagos de seguro social, Medicare y Medicaid.

El pasado 23 de diciembre, el gobierno demócrata del presidente Barack Obama confirmó en un escrito al Tribunal Supremo de Estados Unidos que Puerto Rico continúa siendo un territorio o colonia desde 1898 y que su soberanía descansa en el Congreso de Estados Unidos.

Más aún, especifica: “Puerto Rico’s transition to self-government did not change its constitutional status as a U.S. territory”.

El escrito recuerda que la posición territorial de Puerto Rico fue confirmada por tres “Presidential Task Force” en 2005, 2007 y 2011 (administraciones de los presidentes George H. Bush y Barack Obama).

Resalta que la Constitución de Puerto Rico fue revisada y aprobada por el Congreso tras eliminarle la Sección 20, y que el documento no cambiaba el status territorial de Puerto Rico.

El 2015 tendrá un sitial importante en los anales en nuestra historia. Ha sido un año que ha forzado a la metrópoli a escalar la discusión sobre la definición de nuestro status.

El Congreso, con sus actitudes paternalistas, nuevamente han confirmado la relación colonial con Puerto Rico. Su posición fue de “drop dead”, aldesaprobar la restructuración de la deuda pública y pretender administrar al territorio con una Junta nombrada por ellos, como en los tiempos de la Ley Foraker.

Nadie en su sano juicio puede negar el status colonial de Puerto Rico o pensar que el Congreso va a invitarlo a anexarse a su país. La estadidad está disponible para todos los puertorriqueños que emigren, no para Puerto Rico.

En 2015 se desataron importantes eventos mundiales: el impacto de la nación islámica ISIS, siendo el grupo terrorista mejor financiado en la historia; los acuerdos de la Cumbre Climática en París; el millón de nuevos inmigrantes en Europa; la caída de los precios internacionales de la materias primas; el comienzo de una nueva reestructuración política en Argentina, Venezuela y Cuba; la repolitización de España; y la figura de Donald Trump como detonante de la crisis política en Estados Unidos.

Las posiciones de la metrópoli en 2015 relacionadas con su territorio fuerzan a Puerto Rico a reevaluar su relación colonial con Estados Unidos. Llegó el momento de convocar una asamblea constitucional de status. ¡Esto tiene que cambiar!