Impotencia e indignación

 Ante la frustración con el sistema político del país, muchos ciudadanos han optado por respaldar la imposición de una Junta dictatorial.  De esa forma se retrocede a la época de una colonia clásica de la Ley Foraker de 1900.

La irresponsabilidad que ha demostrado los tres partidos políticos tradicionales hacia los reclamos del pueblo es espeluznante y bochornosa.

La Comisión Electoral con sus presupuestos anuales repartiendo posiciones, oficinas, carros, choferes a los funcionarios de los partidos políticos es un afronte al ciudadano que está asumiendo la carga contributiva para costearlo.

En otros países, incluyendo Estados Unidos, los alcaldes, congresistas, jueces del Tribunal Supremo y ex gobernadores no tienen privilegios como choferes  y escoltas pagados por el pueblo.

Más aún, es abusivo que el pueblo tenga que pagar las primarias internas  y el  “concurso de belleza” de los partidos políticos estadounidenses.

Es absurdo la cantidad de “municipio-principados” que el contribuyente tiene que subsidiar.  Ciudades como Nueva York, Miami, Madrid y Paris han crecido incorporando barrios, condados, localidades.

En Puerto Rico, con la excepción de la anexión del municipio de Río Piedras al de San Juan en 1951, se ha optado por la  ineficiencia costosa de 78 municipios con sus alcaldes y legislaturas municipales.

El caso más dramático de la indiferencia de los partidos políticos es la negación del mandato recibido del pueblo en el referéndum del 2005 en el cual sobre el 80% de los electores reclamaron la unicameralidad. 

La clase política, protegiendo sus intereses particulares, ignoraron el reclamo del pueblo.  Peor aún,  el pueblo se resignó a aceptar su impotencia.

Una clase política que no acata mandatos del pueblo, está incapacitada para realizar cambios en la ley electoral que eviten que los partidos políticos secuestren al país y protejan sus intereses y no los del pueblo.

Si bien la clase política se merece que la metrópoli los convierta en mero “apparatchik”, un pueblo que se respeta a sí mismo no puede aceptar la indignación de que una Junta extranjera asuma abiertamente las riendas y el destino de una nación invadida en 1898. 

Esta es una Junta impuesta por un Congreso disfuncional, que le tomó meses elegir a su presidente,  ejerciendo poderes plenarios sobre su territorio, amparado en la Cláusula Territorial de su Constitución.

En lugar de aceptar su responsabilidad compartida con Wall Street de la crisis actual, asumen un rol de agente cobrador de los fondos buitres.  Irónicamente, teniendo Estados Unidos un techo de cristal con una deuda descomunal a China de $1.3 billones (“trillions”).

Los miembros de la Junta serán nombrados por un Presidente no electo por los puertorriqueños y un Congreso sin representación de los ciudadanos afectados.  Actos propios de un régimen totalitario.

En la sección 4 de la ley se establece que la misma prevalece sobre cualquier ley o reglamento del territorio de Puerto Rico aprobada por representantes del pueblo.

En la sección 1-B la ley especifica que el gobernador electo debe someter el presupuesto a la Junta e informes mensuales y no puede interferir con los trabajos de la Junta.

La Junta tiene poderes para arbitrariamente  privatizar, despedir empleados y vender propiedades del gobierno de Puerto Rico.

En una democracia, estas facultades son exclusivas de personas electas por los ciudadanos.  La posición de Estados Unidos violenta sus reclamos internacionales abogando principios democráticos y más aún van contra los postulados de Thomas Jefferson y los visionarios que fundaron la primera república en la historia.

El Centro Para Una Nueva Economía, el principal “think tank” independiente del país,  ha planteado en el National Press Club en Washington, D. C.  propuestas que hacen innecesarias las medidas de un Congreso disfuncional, ejerciendo sus prerrogativas anti-democráticas y en contra de los mejores intereses de un pueblo.

La metrópoli y la clase política le han fallado al pueblo de Puerto Rico.