La derogación de la ley electoral

 Artículo publicado en El Nuevo Día.

El proceso electoral en Puerto Rico era un modelo para países de América Latina, de donde venían a estudiarlo. Esto cambió en el 2020 cuando por iniciativa de Tomás Rivera Schatz el Partido Nuevo Progresista unilateralmente aprobó una nueva ley electoral sin el consenso de los demás partidos políticos.

Con esta actuación, Puerto Rico ya no tiene un modelo de ley electoral digno de una democracia, sino más bien de un régimen totalitario que ignora el consenso.

A través de la historia, las leyes electorales se han revisado en Puerto Rico con el consenso de todos los partidos políticos, lo que es esencial para despejar sospechas sobre la legitimidad de  los resultados electorales.

Aunque la gobernadora Wanda Vázquez se había comprometido a no firmar la nueva ley electoral si no había consenso de todos los partidos políticos, a pesar de la oposición vigorosa de los partidos de oposición y los reclamos de varios exsecretarios de Justicia y exgobernadores, Wanda Vázquez violentó su palabra firmando la nueva ley electoral apenas cinco meses antes de las elecciones.

Claudicó ante los intereses mezquinos partidistas, quebrantando así la pureza electoral del país y colocándose en un nefasto y vergonzoso sitial en los anales de nuestra historia. Wanda Vázquez pudo haber evitado el caos electoral por el cual atraviesa el país.

La nueva ley electoral favorece al Partido Nuevo Progresista de muchas maneras sobre los otros partidos políticos. Por eso se tenía que aprobar la nueva ley unilateralmente y sin consenso.

Más aún, la Comisión Estatal de Elecciones, sin el periodo de tiempo necesario para prepararse, no pudo administrar el proceso ni la carga que imponía la nueva ley.

Una pequeña muestra de esta incapacidad la evidenció el país en las primarias del pasado mes de agosto cuando el sistema colapsó el día de las primarias y tuvo que fijarse una segunda fecha para completar el proceso.

Este era el resultado directo de haberle entregado el control administrativo de la CEE al PNP bajo una administración maltrecha y sin el insumo de los otros partidos políticos.

Debido a que la nueva ley electoral flexibiliza marcadamente los requisitos del voto ausente y por adelantado, se generó una avalancha de votos que alcanzaron la cifra de 230,000. La Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA) no estaba preparada para esta cuantía de sufragios que en elecciones anteriores alcanzaban no más de 30,000. Esto ha ocasionado que más de tres semanas después de los comicios todavía no existan certificaciones finales.

En pasadas elecciones, habría sido impensable que semanas después de celebrarse  continuaran apareciendo maletines con votos sin contar, descuadres, listas desaparecidas y otras irregularidades.

Esto sucede hoy, enmarcado en unos comicios donde los ganadores preliminares a la gobernación, la comisaría residente y la alcaldía de San Juan recibieron el repudio de la mayoría de los electores quienes votaron por los otros candidatos.

Se comenta que mucho del voto ausente que favoreció al PNP se limitó a las papeletas de la gobernación y del plebiscito, lo que supuestamente tuvo un efecto perjudicial para este partido en la papeleta de la legislatura.  Debido a la falta de transparencia y a múltiples irregularidades, no pueden aclararse en estos momentos  dudas como  esta.

Una de las primeras prioridades de la nueva legislatura debe ser derogar la nefasta ley electoral del 2020. Los cuatro partidos que no validaron esta nueva ley y ahora representan casi el 70% del electorado deben  derogarla y enviarla al gobernador para su firma.

Esto lograría que el sistema electoral se convirtiera nuevamente en un modelo a seguir y se rescataría la confianza en los resultados de los comicios.

Regresar a la ley electoral democrática no impide que se pueda revisar y modernizar, pero, como en ocasiones anteriores, con el consenso de los partidos políticos.