La justicia social

 Artículo publicado en El Nuevo Día.

La Justicia social está basada en la igualdad de derechos para todos los ciudadanos y la oportunidad para todos de beneficiarse del progreso económico y social del país.

En la medida que un porcentaje reducido de la población controle la mayoría del ingreso y riqueza de un país, surge la desigualdad que deteriora la calidad de vida y obstruye la justicia social.

Las Naciones Unidas han sostenido que se debe “erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos”.

El economista francés Thomas Piketty expone en su popular libro “El capital en el siglo XXI” la historia de cómo se ha producido la concentración de la riqueza y su distribución durante los últimos 250 años . 

Plantea que cuando la tasa de acumulación de capital crece más rápido que la economía, la desigualdad aumenta.

Como solución recomienda impuestos progresivos y un impuesto mundial sobre la riqueza.

El gobernador Luis Muñoz Marín en su mensaje a la legislatura el 12 de enero de 1961 resaltaba: “El problema de la excesiva concentración económica ha de preocuparnos a todos. 

Todos le debemos al país el mayor esfuerzo de entendimiento, de previsión, de acción eficaz y justiciera para evitar que el progreso conduzca a  que nuestra economía llegue a caer bajo el control de un puñado de familias o empresarios. 

Confieso que no he encontrado aún maneras satisfactorias de bregar con esto e invoco la cooperación de ustedes en afrontar esta potencialidad adversa a la buena civilización, a la buena democracia”.

Durante el pasado medio siglo los gobernantes de Puerto Rico de los dos principales partidos políticos se concentraron en alcanzar cifras cuestionables de desarrollo económico mientras olvidaban el fundamento de justicia social.

En su último mensaje al país el 11 de febrero de 1964, el gobernador Muñoz Marín apuntaba: “El éxito mismo de crear nueva riqueza nos obliga a pensar si la estará usando Puerto Rico a plenitud para un alto propósito de su pueblo, o meramente para darle un mayor acento materialista a su cultura”.

Uno de los principales postulados del Partido Popular Democrático desde su fundación en 1938 fue propulsar la justicia social.  En 1964 Muñoz Marín abogaba en su Propósito de Puerto Rico por la abolición de la pobreza extrema.

Con la alternancia al poder de los dos principales partidos políticos, se sustituyeron los intereses del pueblo por los de prevalecer ellos como partidos. 

La obsesión con anexarnos a Estados Unidos llevó a políticos a terminar de destruir el modelo económico, aumentando las transferencias federales, eliminando la sección 936, imponiendo el salario mínimo federal obligatorio y desmantelando el “sistema de salud Arbona”.

A principios del siglo XXI, la alternancia partidista paralizó nuevos proyectos para combatir la falta de justicia social mediante la autogestión, el apoderamiento comunitario y la alianza entre comunidades, el sector público y el sector empresarial.

Si bien es imperativo el saneamiento de las finanzas del país con un programa de desarrollo económico coherente y un presupuesto balanceado, solamente alcanzaremos  la calidad de vida soñada implementando programas sociales que promuevan la justicia social y la disminución de la desigualdad, que por ende,   fortalece la salud mental.

La creciente pobreza en el país es resultado de nuestros fracasos colectivos y la incapacidad de los gobiernos de ofrecer soluciones. La limitación de fondos al Departamento de la Familia dramatiza la inacción ante el problema.

El tercer sector (entidades privadas sin fines de lucro) y las universidades  tienen la responsabilidad de promover alianzas entre las comunidades, el gobierno y los empresarios/comerciantes para combatir la pobreza en todos sus frentes y alcanzar la justicia social. 

Este es el mejor legado que se les puede dejar a las nuevas generaciones.