La Marina, PROMESA, María y el impuesto

 Artículo publicado en El Nuevo Día.

Desde que comenzó el siglo XXI, cuatro eventos han cambiado la relación de Puerto Rico con su metrópolis: la salida de la Marina en el 2004, la aprobación congresional de la Ley PROMESA en el 2016, el devastador huracán María en el 2017 y el impuesto a las manufactureras en la Isla, que equipara Puerto Rico a un país foráneo.

La invasión estadounidense en 1898 fue un eslabón importante de la estrategia militar desarrollada en la Academia Naval en 1896 inspirada en el pensamiento del  capitán Alfred Thayer Mahan.  Para la Marina de Guerra, Puerto Rico era  su pertenencia.

Fue en el mismo seno de la Marina donde primero se planteó la necesidad de evolucionar la colonia clásica a un modelo con cierto gobierno propio (Estado Libre Asociado) en el contexto del pensamiento descolonizador de la Carta del Atlántico. 

En 1999 la muerte trágica de David Sanes en Vieques, causada por un misil estadounidense, fue el detonante que terminó con las prácticas en Vieques, el cierre de la base naval de Roosevelt Roads en Ceiba, conocida como la “Pearl Harbor del Caribe”, y la relocalización del “U.S. Naval Forces Southern Command” en la Florida.

La Marina, la principal rama del Departamento de Defensa, incorpora la mayor flota naval, portaviones y  submarinos nucleares del mundo.  Ejerce poder e influencia en el Congreso y es respetada y temida por todas las partes.  Con la salida de la Marina de Puerto Rico, el ELA perdió su principal promotor, defensor y aliado.

La Marina jugó un papel protagónico en la defensa de las 936 hasta que el gobierno de Pedro Rosselló respaldó la eliminación de la exención contributiva en 1996.

Tras la década de gracia, en el 2006 comenzó la etapa final del colapso del modelo económico de Puerto Rico.  Los gobiernos de turno se dedicaron a solicitar aumentos de transferencias federales y a emitir deuda pública sin fuente de repago. 

Esto desembocó en el impago de la deuda pública, la aprobación de la ley PROMESA  para evitar que los acreedores asumieran control del país y el nombramiento de una Junta de Control tomando control fiscal del gobierno, invalidando “de facto” la Constitución del ELA. 

La aprobación de la Ley PROMESA estuvo estratégicamente precedida días antes por dos decisiones del Tribunal Supremo que confirmaron los Casos Insulares y la aplicación de  la Cláusula Territorial de la Constitución de EE.UU.

El devastador huracán María en septiembre de 2017 acabó rematando la dilapidada y frágil economía en depresión por una década.  El derrumbe de las instituciones, la incapacidad del gobierno local más la insensibilidad y negligencia del gobierno federal arrastraron a la Isla a un colapso nunca sufrido.

El maltrecho y tímido desenvolvimiento del gobierno federal con Puerto Rico es impensable con un estado de la Unión e incongruente con el interés que pueda tener en que su territorio se convierta en un estado.

Más aún, sabiendo el Gobierno federal que Puerto Rico necesita fortalecer su economía para sobreponer la quiebra, complicada con los estragos causados por María, el Congreso aprueba un impuesto para las corporaciones extranjeras que ocasionaría la pérdida de miles de empleos.

Puerto Rico se encuentra en una coyuntura histórica.  Ya la Isla no juega un papel importante en el tablero geopolítico; la estadidad está disponible para todos los puertorriqueños, pero no para Puerto Rico; y el colapso del ELA desenmascara la colonia. 

La metrópolis puede tranquilamente mantener su relación colonial con la Isla indefinidamente, coexistiendo con gobernantes locales que ejecutan sus directrices. Pero un pueblo que se respeta a sí mismo no puede resignarse a sobrevivir en un indigno status colonial,  tronchando su desarrollo, prosperidad y calidad de vida.