La raíz de la crisis

Artículo publicado en El Nuevo Día.

La crisis socioeconómica de Puerto Rico comenzó con la invasión estadounidense  en 1898  y la aprobación en 1900 de la Ley Foraker, que nunca se ha revocado. 

En esos momentos imperaba en Estados Unidos el capitalismo salvaje, el expansionismo y la filosofía del “Destino Manifiesto”. 

En  1900 el gobierno estadounidense devaluó el peso puertorriqueño a 60 centavos del dólar estadounidense.  La medida descapitalizó a la Isla.  Llevó a los bancos a requerir colaterales adicionales a los dueños de fincas para cubrir sus necesidades crediticias.  Muchos se vieron forzados a vender sus tierras devaluadas a inversionistas estadounidenses ausentes.

Cuatro compañías estadounidenses transformaron la economía, de cafetalera en azucarera. El café había sido la principal exportación, mayormente al mercado europeo donde es considerado de la más alta calidad mundial. Su exportación declinó de un 60% en 1897 a un 0.3% en 1935.

Se creó una economía de capital ausente y monocultivo, concentrada en exportar al mercado estadounidense.  En el proceso, las ganancias se iban de la Isla, se desplazó y desmotivó al empresario, comerciante y agricultor local, y se destruía nuestra subsistencia alimentaria, lo cual fue generando la dependencia.

En el mercado  mundial de productos estadounidenses, Puerto Rico había escalado de la posición #27 en 1900 a la posición #11 en el 1910.  Al día de hoy, para estas importaciones se utiliza exclusivamente la marina mercante estadounidense reconocida como la más costosa, que encarece los productos importados.

Aunque la Ley Foraker reguló  una limitación de 500 acres por corporación, vigente en la actualidad, en 1937 la Central Aguirre anunció a sus inversionistas en Estados Unidos que poseían 22,000 acres y controlaban otros 17,000.  El gobierno estadounidense ignoró esta violación.

Este plan inicial de crear una economía local que respondiera a los intereses económicos de la metrópoli fue el germen de la dependencia que ha escalado hasta la actualidad.

Para aliviar la situación, el gobierno federal tuvo que enviar  a Puerto Rico $170 millones durante las primeras tres décadas y elevó la aportación a $230 millones durante los años de la depresión económica.

A finales de la década del treinta, la economía agrícola de Puerto Rico basada en el monocultivo evoluciona a una militar con los preparativos para la Segunda Guerra Mundial. El nombramiento del Almirante William D. Leahy como gobernador galvaniza la enorme inversión local con el importe incrementado a $656 millones de 1939-47 ($532 en el renglón militar y $124 en el civil).

Una vez concluida la Guerra, Puerto Rico continua  beneficiándose de los impuestos del ron,  ascendentes a $67 millones en 1944.   Paralelamente, enmarcado en un escenario de una Europa y Oriente devastados, surge la operación “Manos a la Obra” con la expansión manufacturera a cargo nuevamente de inversionistas ausentes.  Este plan conduce al desarrollo de una industria petroquímica.

La crisis del petróleo en 1973 destruye la industria petroquímica y el gobierno federal socorre a la economía local implementando el programa de cupones de alimento y estableciendo el incentivo 936 que crea la industria farmacéutica.

Una vez el gobierno federal elimina arbitrariamente las 936 entre 1996-2006,  y ausente de una clase política local responsable, las opciones patrocinadas por el gobierno federal son el aumento de transferencias federales y el escalamiento de la deuda pública.

La crisis económica del 2008 finalmente derrumba el modelo económico local controlado por la metrópoli.

Consecuentemente,  en el 2016 el gobierno permanente concibe la Ley PROMESA, protegida por dos decisiones del Tribunal Supremo, emitidas semanas antes de su aprobación,  para buscar una solución a largo plazo a un problema que ellos mismos comenzaron en 1898 con una invasión con objetivos estratégicos militares,  obsoletos en el siglo XXI.