La salud debe ser la prioridad

Artículo publicado en El Nuevo Día.

Sin salud no hay vida. De nada importa el poder, el dinero, la juventud o el amor sin salud. La mera existencia del ser humano depende de la salud.

Es responsabilidad del Estado proveer todos los recursos necesarios para mantener a sus ciudadanos con vida, saludables y minimizar el maltrato y los estragos de las dolencias.

El Estado hace la diferencia entre la vida y la muerte; entre el sufrimiento y el bienestar.

Con excepción de Estados Unidos, todos los países desarrollados del mundo tienen un programa de salud universal. Todos los ciudadanos tienen el derecho de recibir servicios de salud gratuitos.

Irónicamente, Estados Unidos es el país que asigna más gastos de salud por ciudadano entre los países desarrollados.  En 2021 el gasto de salud per cápita fue de $12,318 versus el de Alemania, segundo en la lista, de $7,383. El promedio en los países desarrollados de la OEDC es de $5,829

(Suiza, Alemania, Holanda, Austria, Suecia, Francia, Bélgica, Canadá, el Reino Unido, Australia, Japón y Corea del Sur).

Estados Unidos gastó el 19% de su producto interno bruto en salud, mientras que el país que más se le acercó en este indicador fue el Reino Unido.

Considerando su formidable cubierta universal, este gastó solo un 13%.

O sea, aunque estos países proveen servicios de salud gratuitos a sus ciudadanos, gastan menos que Estados Unidos.

El costo de las medicinas en Estados Unidos es una inmoralidad. Un diabético que necesita insulina para sobrevivir tiene que pagar $410 por una botella de 10 mL que se vende a $21 en Canadá. Hace unos días los republicanos en el Congreso rechazaron una medida para controlar el precio de la insulina.

¿Por qué sucede algo así? Porque el sistema privatizado de salud de Estados Unidos responde a los intereses de las aseguradoras y las farmacéuticas y no al de los ciudadanos.  

Puerto Rico tenía el plan de salud Arbona, que funcionó eficientemente y fue un modelo mundial. Fue desmantelado y sustituido por el plan del gobernador Pedro Rosselló, adoptando el modelo estadounidense basado en la salud como negocio.

Se desplazó el bienestar del paciente por el el lucro de las aseguradoras. El plan Arbona, que costaba $1,000 millones, fue sustituido por uno que cuesta $4,000 millones.

Además, el Gobierno de Pedro Rosselló privatizó los hospitales públicos. Esto forzó a los médicos puertorriqueños recién graduados a irse a Estados Unidos a realizar sus internados o residencias porque se eliminaron las plazas disponibles en los hospitales públicos privatizados.

La crisis de salud en Puerto Rico responde a varias causas.

La primera es el marco de referencia del sistema estadounidense: costoso, ineficiente y dirigido a responder a intereses económicos ajenos al bienestar del pueblo.

La segunda es el desmantelamiento que hizo el Gobierno del eficiente sistema de salud Arbona y su sustitución por uno ineficiente, costoso y en manos de las aseguradoras privadas que responden a sus intereses particulares y no a los pacientes y profesionales de la salud.

La tercera es otra de las consecuencias más del Plan Rosselló: forzaron a los médicos puertorriqueños graduados a moverse al exterior para realizar sus internados y residencias y estos han preferido no regresar a la isla.

La cuarta es que la salud no es una prioridad para la clase gobernante del país cuando no encuentran fondos para que el personal médico reciba salarios dignos, pero aparecen para pagar autos y choferes a los gobernantes, exgobernantes, jueces y legisladores.

Una quinta causa es que el Gobierno permite que su suplidor de energía, LUMA, deje a los hospitales del país sin energía, indiferente a las consecuencias que sufran los ciudadanos.

Proveer todos los recursos de salud necesarios a la ciudadanía tiene que ser la principal prioridad del Estado.

Esto no solamente es la necesidad inmediata, sino del futuro. Como dijo Winston Churchill, “una ciudadanía saludable es el mejor recurso que un país puede tener”.