La solución la tiene el Congreso

Artículo publicado en El Nuevo Día.

Ni la Junta de Supervisión Fiscal creada por la ley federal PROMESA ni el gobierno de Puerto Rico tienen las herramientas para resolver el problema económico del país. 

Solamente el Congreso con sus poderes plenarios sobre su territorio puede resolver la crisis iniciada hace décadas por el propio Congreso.

El problema de Puerto Rico no es la deuda pública; otros países operan con deudas mucho mayores (en el 2016 la de PR fue un 92.5% del PIB  vs la de Singapur, que fue un 110.5%).

El problema es una economía en recesión por más de una década y con unas proyecciones de decrecimiento para el próximo año fiscal que oscilan entre el -16% y -5%.

La misión de la Junta es el repago a los bonistas y no restructurar la economía.  La Junta puede reducir los gastos del gobierno y aumentar impuestos para pagar la deuda,  aunque esto vaya en detrimento de la economía.

El gobierno de Puerto Rico no tiene los poderes ni nunca los ha tenido para crear un plan económico autosuficiente que responda a los mejores intereses del país.

Medidas como la nueva ley laboral no resuelven la crisis.  Esta ley incita a la emigración del talento puertorriqueño en busca de mejores condiciones de empleo. La ley también beneficia a las megatiendas, mejorando más aún su ventaja competitiva sobre  los comercios locales.

El Congreso aprobó PROMESA como un mecanismo para paralizar el litigio de los bonistas,  un problema que creó el mismo Congreso cuando eliminó arbitrariamente la aplicabilidad de la Ley de Quiebras federal a Puerto Rico.

Los resultados de los poderes plenarios del Congreso comenzaron a verse en 1900 cuando los congresistas incluyeron en su primera ley orgánica la devaluación del peso puertorriqueño a sesenta centavos americanos, con el cual afectaron adversamente la economía local y sentaron la base de la dependencia estadounidense. 

Es el Congreso el que impone las leyes de cabotaje que afectan adversamente la economía local. 

El Congreso aplica localmente todas sus leyes sin que Puerto Rico tenga voz ni voto en el Senado, la poderosa cámara alta en la cual la Isla ha tenido tradicionalmente escoyos desde la primera ley orgánica del senador Joseph Foraker.

Fue el Congreso el que en 1917 impuso la ciudadanía americana, aclarando que no estaba asociada a una posible estadidad. 

Esta obedecía a razones estratégicas militares.  Fue otorgada días antes de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial.

El Congreso nos permitió elegir a un gobernador y legisladores, revisó y aprobó la Constitución de PR, y ahora, arbitrariamente, violenta esta Constitución con la ley PROMESA.

Fue el Congreso el que determinó reducir los impuestos de rones que se devuelven a Puerto Rico y el que otorgó y luego eliminó las exenciones contributivas conocidas como las “936”.

El Congreso es el que determina arbitrariamente la otorgación de transferencias federales a Puerto Rico, en ocasiones, como la destinada al renglón de la salud, de forma perjudicial.

Es el Congreso el que puede determinar asignaciones especiales en los presupuestos federales de inmigración, aduana y la guardia costanera para fortalecer la lucha contra la entrada de drogas y armas.

Luego de meses de trabajo, el “Task Force” del Congreso creado por la ley PROMESA rehuyó su responsabilidad de recomendar un plan para restructurar la economía de Puerto Rico,  el cual generaría los fondos de repago para la deuda. 

El “Task Force” recibió decenas de propuestas e ideas de Puerto Rico, pero no pudo llegar a un consenso para proponer una sola recomendación concreta al Congreso.

El tener poderes plenarios sobre alguien o algo, como un padre sobre un hijo menor de edad, conlleva asumir responsabilidad plenaria.  No son compatibles retener el poder y rehuir la responsabilidad.