Los poderes plenarios y la democracia

La Constitución de Estados Unidos en su Artículo IV, sección 3, le confiere escuetamente poderes plenarios al Congreso sobre sus territorios. “The Congress shall have power to dispose of and make all needful rules and regulations respecting the territory…”

Estos poderes, ejercidos en ocasiones por la rama ejecutiva, han dominado la historia y las vidas de los puertorriqueños desde 1898. En el transcurso de la historia universal, las colonias han existido para beneficio de las metrópolis, no al revés.

Si bien los ejemplos que podemos ofrecer del ejercicio de los poderes plenarios son interminables, seleccionamos un puñado con consecuencias nefastas para Puerto Rico, una nación latinoamericana invadida en 1898.

En 1899: El presidente William McKinley rechazó el reclamo del grupo de puertorriqueños encabezados por Eugenio María de Hostos para convocar un plebiscito que auscultara las preferencias de los puertorriqueños sobre el estatus.

En 1899: Se devaluó el peso puertorriqueño a 60 centavos estadounidense, lo cual arruinó a la clase empresarial. La economía comenzó a basarse en el monocultivo del azúcar para exportarla al mercado estadounidense y de ser autosustentable alimentariamente, la Isla pasó a ser dependiente de la importación de sus alimentos.

En 1917: Se impusieron las Leyes de Cabotaje, que redundó en el aumento del costo de vida de los ciudadanos.

En 1933: Se impusieron programas del Nuevo Trato que respondían a la crisis en Estados Unidos y no a la de una colonia. La crisis económica arrastró a la Isla a unos niveles de pobreza inéditos. Las publicaciones “Porto Rico and It’s Problems” (Brookings Institution) y “Porto Rico: A Broken Pledge”( B. And J. Diffie) así lo plasmaron.

En 1934: Se nombró al general Blanton Winship como gobernador para controlar las huelgas y aplacar el surgimiento del nacionalismo. Fue el responsable de la Masacre de Ponce en 1937.

En 1936: Se sometió a un segundo juicio al ex teniente del ejército, graduado de Harvard y líder nacionalista, Pedro Albizu Campos, por los mismos cargos de sedición de los que ya había sido absuelto. Esto, en violación a la Carta de Derechos de la Constitución estadounidense que prohíbe juzgar a ciudadanos dos veces por el mismo cargo. El nuevo jurado, en esta ocasión dominado por estadounidenses, rápidamente condenó a Albizu Campos, quien fue sentenciado inmediatamente a 10 años de prisión en Atlanta.

En 1946: El presidente Harry S. Truman vetó el proyecto de ley de Puerto Rico para convocar un plebiscito.

En 1952: Tras el pueblo aprobar la nueva Constitución de Puerto Rico, el Congreso arbitrariamente la enmendó y la devolvió a la Isla para su revisión y aprobación.

En 1959: El Congreso ignoró los reclamos de Puerto Rico para revisar la ley de Relaciones Federales mediante el proyecto Fernós-Murray.

En 1967: El gobierno ignoró los resultados del primer plebiscito en su historia promovido por una comisión nombrada por el presidente.

En 1991: El Congreso rechazó el proyecto de plebiscito presentado en 1989 por el presidente George H.W. Bush, avalado por todos los partidos políticos locales.

En 1993-2013: La metrópolis permitió el endeudamiento de la Isla sin fuentes de repago, promovido por “Wall Street” con el aval de la agencias acreditadoras.

En 1996: El Congreso eliminó arbitrariamente, sin sustituir con otro incentivo, la sección 936 del Código de Rentas Internas, puntal para el desarrollo de la industria farmacéutica.

En 2005: Agentes federales hirieron, el Día del Grito de Lares, al independentista Filiberto Ojeda Ríos y prohibieron acceso a su casa hasta que se desangró.

En 2016: El Congreso aprobó la Ley PROMESA, invalidando de facto la Constitución de Puerto Rico y delegando sus poderes en una Junta.

Para quienes creen en las democracias y admiran los principios básicos de los fundadores de Estados Unidos de gobernar con el consentimiento de los gobernados, es inaceptable que ejerza poderes plenarios sobre un pueblo un organismo ajeno a sus intereses.