Los tres rechazos de Washington

Desde la invasión estadounidense  el 25 de julio de 1898, hemos recibido de la metrópolis muchos rechazos a nuestras gestiones para resolver el problema del status de Puerto Rico.  De todos, tres fueron significativos: los de 1899, 1946 y 1991.

 El 20 de enero de 1899 se reunió con el presidente William McKinley, una delegación puertorriqueña integrada por Eugenio María de Hostos, el Dr. Manuel Zeno Gandía (ambos independentistas) y el Dr. Julio Henna (anexionista). Su reclamo medular fue que se consultara a los puertorriqueños sobre el futuro político de Puerto Rico. 

El reclamo fue ignorado.  Hostos, profundamente decepcionado, se reubicó en Santo Domingo, donde yacen sus restos hasta que se descolonice a Puerto Rico.

Luego se hicieron varios intentos que también fueron ignorados, entre ellos: una resolución legislativa en 1923; vistas públicas celebradas en Puerto Rico por el Senado federal en 1937; una resolución legislativa en 1943; y el Proyecto Tydings-Piñero llevado ante el Congreso en 1945.

En 1946 recibimos el segundo rechazo importante cuando la Legislatura liderada por Luis Muñoz Marín aprobó un proyecto de plebiscito, el cual fue vetado por el gobernador Rexford G. Tugwell.  Siguiendo las disposiciones de la ley vigente, la Legislatura consiguió sobrepasar el veto y el proyecto se vio forzado a presentarse al presidente Harry S. Truman, quien también lo vetó. 

Truman, fiel a su estilo directo y sin rodeos, explicó que no le correspondía al pueblo de Puerto Rico decidir su futuro, sino al Congreso de Estados Unidos.

Esta situación prevalece en nuestros días mediante la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos, la cual otorga poderes plenarios al Congreso sobre sus territorios.

En 1952, motivado por la Carta del Atlántico, iniciativas de la Marina de Guerra y la Revolución Nacionalista de 1950, Estados Unidos se vio forzado a eliminar la colonia clásica de Puerto Rico y establecer en él un gobierno propio.

El Congreso autorizó a Puerto Rico a que redactara su propia Constitución, subordinada a la de Estados Unidos, y cuya Sección 20 enmendó arbitrariamente antes de aprobarla.

 Las enmiendas a la Ley de Relaciones Federales se lograrían tras el comisionado residente Antonio Fernós Isern aseverara a los congresistas que no habría cambios fundamentales entre las relaciones de Estados Unidos y Puerto Rico y que el Congreso mantendría sus poderes sobre la isla.

Posteriormente la metrópolis  ignoró otras iniciativas  como el proyecto Fernós-Murray en 1959;  la Comisión de Status en 1962; el plebiscito de 1967; y el Ad Hoc Advisory Group on Puerto Rico de 1973, cuyos  miembros fueron nombrados por el Presidente y el Gobernador.

El tercer rechazo importante fue el de 1991 cuando el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, presidido por Bennett Johnston, truncó el proyecto de plebiscito lanzado por el presidente George H. W. Bush. 

El proyecto contaba  con el respaldo del Gobernador,  los tres principales partidos políticos y la Cámara de Representantes federal.  La prensa estadounidense achacó el rechazo a una oposición a ofrecer la estadidad a Puerto Rico en caso de que esta fórmula resultase ganadora.

Desde 1898 la metrópolis ha sido consistente en su mensaje sobre la indeseabilidad de convertir su territorio en un estado de la unión.  La estadidad está disponible para todos los puertorriqueños; no para el territorio.

Los endosos a la estadidad de Presidentes y de seis gobiernos anexionistas en Puerto Rico, no han podido adelantar la causa de la estadidad en la metrópolis.

Ante la falta de un planteamiento pragmático y realista de evaluar otras opciones de status no territorial y cónsonas con la Constitución de Estados Unidos,  ellos prefieren el inmovilismo.

Un voto por el “Sí” en el plebiscito de noviembre reafirmando el inmovilismo  confirmaría los rechazos de McKinley, Truman y el Senado a resolver el problema de un status que necesita evolucionar al siglo XXI.