Peligra el Viejo San Juan

 Artículo publicado en El Nuevo Día.

El pasado 1 de julio de 2019 el gobernador Ricky Rosselló firmó la Ley 60, aprobada por las legislaturas lideradas por Tomás Rivera  Schatz y Johnny Méndez, que elimina la exención contributiva de las propiedades en el Viejo San Juan, joya del patrimonio nacional y principal atractivo turístico.

¿Cómo se puede fraguar con tanto sigilo la aprobación de esta nueva ley sin un proceso de evaluación y discusión pública sobre sus consecuencias?  ¿Dónde estaban los legisladores de minoría y la administración y legisladores de la Ciudad Capital?

Eliminar las exenciones promueve  la fuga de propietarios y residentes del Viejo San Juan hacia otras zonas más accesibles, menos costosas y sin complicaciones.  El aumento inminente del alquiler provocará el desplazamiento de inquilinos a otras zonas más económicas.

La exención contributiva promovía la restauración de innumerables propiedades abandonadas. Más aún, ayudaba a subsidiar el alto costo del mantenimiento de las propiedades antiguas ocasionado parcialmente por las complicaciones de acceso al área.

Esta ley se aprueba en momentos en que la vieja ciudad se encuentra maltrecha con adoquines destruidos en la calle Fortaleza y estructuras abandonadas. Se suscribe cuando la ciudad recibe la embestida de multitudes que la destruyen en celebraciones como las Fiestas de la Calle San Sebastián y las protestas contra los gobernantes.

En 1949 surgieron partidarios de demoler la barriada del Viejo San Juan (como se hizo años después con los antiguos almacenes en la Puntilla) y convertirla en una moderna plaza comercial y residencial. 

Teodoro Moscoso visitó una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos que data del siglo 18, Williamsburg, Virginia.  Presenció el resultado de la aportación millonaria de la familia Rockefeller para convertir edificios abandonados de la ciudad colonial en un “museo viviente”.

Ese modelo inspiró a  Moscoso a utilizarlo para rescatar al Viejo San Juan.  Se trazó gestionar fondos privados mediante exenciones contributivas para restaurar y mantener la antigua ciudad y convertirla en un atractivo turístico mientras se protegía el patrimonio histórico.

El 14 de mayo de 1949 se aprobó la Ley 374 “con el propósito de preservar los valores históricos de Puerto Rico y desarrollar el turismo mediante la conservación y protección de especiales lugares y estructuras…”.

La ley estipula que “es una Zona Antigua e Histórica, un área dentro de la cual los edificios, estructuras, pertenencias y lugares son de básica y vital importancia para el desarrollo cultural y del turismo, por la asociación de los mismos con la historia”.

Debido a que el Estado no disponía de los fondos para restaurar la antigua ciudad y con miras a motivar la inversión privada,  el 4 de marzo de 1955 se aprueba la ley 1194 “para eximir del pago de contribuciones sobre la propiedad inmueble restaurada, mejorada o reconstruida en la Zona Histórica de la ciudad de San Juan Bautista”.

El 21 de junio de 1955 mediante la Ley 95 se establece el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que asume la administración de la otorgación de las exenciones contributivas. 

Timoneado por Ricardo Alegría, comienza el plan de restauración del Viejo San Juan y su conversión en una ciudad viva donde comparten comercios, oficinas, instituciones, y habitan  artistas, empresarios, trabajadores, estudiantes, retirados y recipientes de beneficencia social.

El Viejo San Juan ha servido de modelo para otras ciudades antiguas como las de Santo Domingo, La Habana y Cartagena de las Indias.

La restauración del Viejo San Juan fue un proyecto cuidadosamente planificado que ahora unos políticos de turno solapadamente han comenzado a desmantelar, eliminando las exenciones que promueven su restauración y mantenimiento.

Un país que no protege su patrimonio nacional esta destinado a presenciar su desaparición y los Gobiernos de turno negligentes cargarán con su responsabilidad en los anales de la historia.