PROMESA como castigo

Artículo publicado en El Nuevo Día.

El 2016 se ha convertido, junto a 1917 y 1952, en un año trascendental en la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos.

Si bien el gobierno estadounidense había expresado anteriormente sus posiciones en los informes del “President’s Task Force on Puerto Rico’s Status” del 2005, 2007 y 2011, este año escaló la discusión al Tribunal Supremo federal con dos decisiones relacionadas con el status.

Sin embargo, el evento más contundente fue la aprobación de la ley PROMESA. Esta confirma, “sine qua nom”, la relación colonial con la isla. Esta ley indigna y antidemocrática le quita validez a la Constitución de Puerto Rico y convierte al gobernador, alcaldes y legisladores en meros administradores de la metrópoli.

Es relevante que esta ley fuese aprobada en medio de un escenario disfuncional en la capital estadounidense, en la que impera el estancamiento o “gridlock”, con escasos proyectos de consenso.

¿Por qué se logró consenso para aprobar PROMESA a pesar de la oposición inicial de Wall Street, de los puertorriqueños, exgobernadores y poderosos senadores?

Si bien el detonante fue la deuda pública, es evidente que esa no fue la razón, sino la desconfianza en la clase política de Puerto Rico y en el manejo de sus fondos federales. Los partidos políticos han secuestrado al país, turnándose el poder político y protegiendo sus intereses por encima de los del pueblo.

La deuda pública es una cantidad ínfima comparada con los préstamos y déficits que se manejan en la metrópoli. Se necesitaba este detonante para resolver el problema de la clase política y el status colonial.

En el 2015 la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, en su importante informe sobre la corrupción, apuntó que esta se ha convertido en un problema creciente e inmanejable.

Pocos ilusos piensan que la clase política es capaz de re-inventarse en contra de sus propios intereses. Prueba de esto es la ausencia en la discusión pública de enmendar la Ley Electoral para eliminar la partidocracia.

El Departamento de Justicia federal ha intervenido contra políticos y oficiales gubernamentales. Los casos han incrementado comenzando con la administración de Pedro Rosselló. El de Anaudi resalta que la corrupción no es exclusiva del PNP.

Los fraudes cometidos por médicos con los programas de Medicare/Medicaid son sólo una prueba de la corrupción en el sector privado.

No es casualidad que el poderoso presidente del Comité de Finanzas del Senado, Orrin Hatch (R-UT), cuyos reclamos por los estados financieros del ELA fueron ignorados, presida ahora el “Task Force” que preparará un plan de desarrollo socioeconómico para la Isla.

El “Task Force” tiene como consigna “darle oxígeno al paciente moribundo”. Fríamente calculado por la urgencia de la crisis, este grupo está limitado a congresistas estadounidenses de ambos partidospolíticos y así asegurase una aprobación veloz en el Congreso.

Ante los cambios geopolíticos y el fin de la Guerra Fría, ya la colonia no cumple un rol estratégico para la metrópoli.

Siendo la raíz del problema de Puerto Rico el status político, es de esperarse que el gobierno permanente piense que si la actual clase política no puede administrar efectivamente a un territorio plagado por la corrupción e ineficiencia, mucho menos podría administrar a un país.

Como señaló el estudioso Raymond Carr en su libro “Puerto Rico: A Colonial Experiment”: “the long term interests of the United States in Puerto Rico are clear: the maintenance of a stable and friendly democratic society”.

El gobierno permanente tomó los pasos para poner la casa en orden en su territorio y poder incorporarlo en la agenda de su política exterior paralelo al nuevo desarrollo que evoluciona en la isla hermana de Cuba.