Puerto Rico en estado de negación

Artículo publicado en El Nuevo Día.

Hace casi medio siglo, el prominente profesor británico de la Universidad de Puerto Rico, Gordon Lewis, resaltó que Puerto Rico se encontraba en una coyuntura histórica. Por mucho tiempo los puertorriqueños querían lo mejor de dos mundos: recibir la mayor cantidad de beneficios federales y exigir trato especial como un caso diferente dentro del sistema federal americano. Ya era tiempo, denunció, de que los puertorriqueños reconocieran el alto precio que pagaban y continuaban pagando por esa “ambivalencia oportunista”. Tenían que tomar una decisión: continuar siendo un “satélite del imperio estadounidense” o seguir los pasos de los otros países soberanos del Caribe y América Latina.

Cuando todavía Puerto Rico era un modelo de desarrollo para otros países, en plena Guerra Fría, Lewis apuntaba que Estados Unidos no le otorgaría la estadidad a Puerto Rico debido a tres razones: su prejuicio racial y religioso y, por el trastoque al balance de poder congresional que significaría contar con una delegación puertorriqueña mayor que veinte estados de la Unión.

En más de 100 años, Estados Unidos no ha enviado un solo mensaje contundente sobre la deseabilidad de que Puerto Rico se convierta en un estado. Las peticiones no han sido rechazadas sino ignoradas.

Lewis comentaba que las expectativas de los creadores de la Constitución del ELA habían sido rudamente destrozadas en el proceso de aprobación congresional y que era obvio que la llamada Constitución era algo más que un “municipal charter” que permite un grado de autonomía local no mucho mayor que el que ejercía antes de la Constitución.

Las dos últimas decisiones del Tribunal Supremo validando los Casos Insulares y la aprobación arbitraria de la ley PROMESA confirman la aseveración de Lewis.

En el 2000 el poderoso presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal responsable por los territorios le solicitó al Departamento de Justicia un análisis de las opciones de status favorecidas por los tres partidos políticos puertorriqueños. El 18 de enero de 2001, el subsecretario de Justicia, Robert Raben, le confirmó que la propuesta del PPD de un nuevo ELA según el programa del 2000 y basado en un pacto con mayor autonomía, no colonial ni territorial, no era viable dentro de la Constitución de Estados Unidos.

El subsecretario resumió las tres opciones de status que el Gobierno ha estado comunicando desde la invasión en 1898: ser un estado de la Unión, otorgado por la metrópolis; ser un país soberano y continuar siendo territorio bajo la Cláusula Territorial de la Constitución. Debido a que Estados Unidos surgió de trece colonias y los fundadores de la nación nunca previeron poseer colonias, el término “colonia” se sustituyó por el término “territorio”.

Originalmente los territorios se convertían en estados de la Unión hasta que surgieron las colonias como resultado dela Guerra Hispanoamericana y las subsiguientes definiciones delos nuevos territorios establecidas por el Tribunal Supremo en los Casos Insulares.

Es trágico que los tres partidos políticos que han dominado el discurso por medio siglo continúen con su retórica pese la impresionante evidencia que existe de que la metrópolis no coincide con sus planteamientos. Ni la estadidad está más cerca que nunca, ni un ELA mejorado fuera de la cláusula territorial es viable, ni Estados Unidos va a salir de Puerto Rico lanzándolo a la independencia.

Aunque Puerto Rico se encuentra en una coyuntura histórica para definir el futuro de las nuevas generaciones, mientras el país se mantenga en estado de negación y continúe respaldando a una clase política obsesionada con su elección y el acceso al botín político, como advirtió el insigne profesor Lewis, Puerto Rico continuará siendo un “satélite del imperio estadounidense” y pagando el alto precio de la “ambivalencia oportunista”.