Tan cerca y tan lejos de un plebiscito federal

Artículo publicado en el Nuevo Día.

El 17 de enero de 1989, el gobernador Rafael Hernández Colón (PPD), Baltasar Corrada del Río- posteriormente asumida por Carlos Romero Barceló (PNP)  y Rubén Berríos (PIP)  enviaron  una carta y una Declaración Conjunta a la metrópoli solicitando un plebiscito de status político para la isla. 

El 9 del mes subsiguiente, en su primer mensaje al Congreso, el presidente George H.W. Bush endosó la estadidad para Puerto Rico y exhortó a los congresistas a dar los pasos necesarios que permitieran a los puertorriqueños decidir su status en un plebiscito.

El senador Bennett Johnston (D-LA), presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales que se responsabiliza de lo que atañe a los territorios como Puerto Rico,  tomó el batón del proyecto.

El Comité determinó que de ganar la independencia, aquellos puertorriqueños que así lo desearan retendrían la ciudadanía estadounidense: “nothing shall affect the citizenship of any person born prior to the date of the ratification”.

También determinó que bajo la independencia,  todos los beneficios adquiridos (seguro social, veteranos, pensiones) continuarían a perpetuidad porque fueron aportados por los ciudadanos y patronos independientemente de donde residiese el ciudadano.

Igual determinó que bajo la independencia todos los programas federales continuarían hasta el fin del año fiscal, cuando se convertirían en un “grant” pagadero todos los años durante los nueve años subsiguientes.

Asimismo confirmaron el espíritu de un acuerdo entre dos naciones soberanas: (“… to affect a smooth and fair transition for the new Republic of Puerto Rico with a minimum of economic disruption, and to promote the development of a viable economy in the new Republic of Puerto Rico”).

Luego de meses de vistas públicas, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una versión del  proyecto, que eliminaba su carácter autoejecutable.

El Comité del Senado llevó a votación su proyecto, también tras eliminar la condición de autoejecución, pues no había consenso para comprometerse a otorgar la estadidad a Puerto Rico, en caso de que esta ganara el plebiscito.

Horas antes de la votación,  el presidente Bush instó al  Comité a que aprobara el plebiscito. 

Aunque recibió el respaldo de todos los líderes políticos puertorriqueños y del  Presidente, más el voto unánime de la  Cámara, el proyecto S-244, presentado por los senadores Johnston (D-LA) y Wallop (R-WY),  murió el 27 de febrero de 1991, cuando no pudo superar una votación de 10-10. 

Siete senadores republicanos y tres demócratas votaron en contra.  Algunos de los que votaron a favor dijeron que lo habían hecho como una cortesía hacia Johnston, pero que no necesariamente votarían por el proyecto en el pleno del Senado.

La mayor objeción fue su oposición a la estadidad, atribuida por el New York Times a tres razones principales: el alto costo de ayudas federales que necesitaría el nuevo estado, la nueva delegación al Congreso, principalmente demócrata, y  mayor que la delegación de casi la mitad de los estados y el revivir la propuesta de la estadidad para Washington, D.C.  

En 1991, tanto Puerto Rico como Estados Unidos estaban en una situación económica muy superior a  la actual.  Puerto Rico tenía las industrias 936,  y Estados Unidos no tenía un déficit trillonario. 

Desde entonces, el Senado no ha vuelto a discutir el status de Puerto Rico, ni siquiera cuando en 1998 la Cámara de Representantes aprobó 209-208 el proyecto Young.

Los resultados de los plebiscitos locales de 1967, 1993 y 1998, dos de ellos con una fórmula ganadora que reclamaba más poderes para el ELA, han sido ignorados por el Congreso.

Es lamentable que continuemos en una vorágine, evaluando alternativas de status inaceptables para la metrópoli.

En 1991 quedó claro que la estadidad no es una opción para ellos y tras perder nuestra valiosa posición estratégico-militar, el ELA con más poderes tampoco es una opción. No hay peor ciego que el que no quiere ver.