Truman, Obama y Puerto Rico

 Artículo publicado en El Nuevo Día.

Durante la administración del  presidente Harry S. Truman (1945-1952)  ocurrieron los últimos eventos políticos de más impacto en Puerto Rico: el nombramiento del primer gobernador puertorriqueño, la elección del primer gobernador y la creación del Estado Libre Asociado.  Desde Truman, nada ha cambiado en términos estructurales entre la metrópoli y su territorio.

Durante el gobierno de Truman, ocurrieron estos cambios como reacción a la Carta del Atlántico; las iniciativas de la Marina de Guerra;  el impacto de la Revolución de 1950, la cual activó a la Guardia Nacional y ameritó ser discutida en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional del 1 de febrero de 1951, presidida por el propio Truman;  y el reclamo del Gobierno local. 

Personajes del más alto nivel participaron en los asuntos de Puerto Rico, entre ellos, el “Chief of Staff” de la Casa Blanca y ex gobernador de Puerto Rico: el almirante William D. Leahy; los secretarios de Estado George C. Marshall y Dean Acheson; los secretarios del Interior, Julius Krug y Oscar Chapman; y asesores del calibre de Clark Clifford y el general Harry Vaughan.

El resultado final fue la creación de un status híbrido, territorial-colonial, con elementos de gobierno propio, que respondía a los objetivos militares prevalecientes en el contexto de la Carta del Atlántico y la Guerra Fría.

Sesenta años después, el presidente Barack Obama, dramatizando su baja prioridad para resolver este asunto, nombra a un Comité para estudiar el status de Puerto Rico, integrado por burócratas desconocidos, cuyo poder y prestigio palidecen ante los que tenían quienes trabajaban los asuntos de Puerto Rico en el gobierno de Truman.

El resultado fue  un informe inconsecuente, incompleto y superficial.  Nos informan paternalistamente lo que ya sabemos.  

Nos aleccionan sobre cómo debemos maximizar el turismo sin considerar la oferta competitiva ni las restricciones vigentes para otorgar visas y permisos a las líneas aéreas; nos dicen cómo maximizar la energía renovable a pesar de que ellos mismos han sido incapaces de lograrlo en EE.UU.; discuten el Puerto de las Américas ignorando las restricciones de las Leyes de Cabotaje; y hasta nos predican sobre cómo manejar la epidemia del dengue.

A los estadolibristas en negación, les repiten que somos un territorio bajo la cláusula territorial.  Para los estadistas, no hay un solo mensaje alentador que refute que “la novia no quiere casarse”.

A los soberanistas les envían un mensaje sublime cuando mencionan que Puerto Rico puede ser el Singapur del Caribe.

Singapur no es un estado de la unión, sino un país soberano, catorce veces más pequeño que Puerto Rico, con población similar, sin recursos naturales y con la tasa de crecimiento más alta del mundo en el 2010.

Plantean un plebiscito con las alternativas de si queremos ser parte o no de los Estados Unidos sin evaluar el efecto de la decisión del Tribunal Supremo de que Puerto Rico es “un territorio no incorporado que pertenece a pero no es parte de EE.UU.”. 

¿Significaría esto que un resultado afirmativo cancelaría la decisión del Tribunal Supremo y Puerto Rico se convertiría en un territorio incorporado en camino hacia la estadidad y comenzaría  a pagar impuestos federales?

En el informe apenas se menciona el proyecto del plebiscito de 1989-91, en el que los tres partidos políticos, el presidente George W. Bush y la Cámara de Representantes federal aprobaron un proyecto que no recibió el aval del Senado.

El popurrí de opciones de plebiscitos es confuso y agobiante. La problemática de Puerto Rico no se resolverá hasta que convoquemos una Asamblea Constitucional de Status o ellos definan las opciones de status político con sus condiciones, acompañadas de un compromiso de acatar lo que los puertorriqueños decidan. 

Pero para ello, como hizo Truman, el presidente Obama tiene que asignarle una alta prioridad y seleccionar a sus mejores recursos para establecer el proceso.