Una mirada al 1997

Artículo publicado en El Nuevo Día.

En 1997 comenzaba el segundo cuatrienio del gobernador Pedro Rosselló, el cual estuvo plagado de corrupción e inauguración de proyectos financiados sin fuente de repago.  

Ese año Puerto Rico perdió a dos importantes ciudadanos que contribuyeron al desarrollo del país: Roberto Sánchez Vilella y Germán Rieckehoff Sampayo.

Sánchez Vilella creía en una sociedad donde imperara la justicia social y se negaba a “dar a Puerto Rico por perdido”.  Rieckehoff Sampayo creía en la superación del ser humano a través del deporte y la internacionalización de Puerto Rico.

Ese año el exjuez presidente del Tribunal Supremo, José Trías Monge, publicaba su libro “The Trials of the Oldest Colony in the World” en el que lanzaba una voz de alerta sobre el futuro del país y comentaba: “A medida que se acerca el centenario del desembarco de las tropas estadounidenses en Puerto Rico, las condiciones políticas, económicas y sociales de la isla no son nada de que ni Estados Unidos ni Puerto Rico puedan estar orgullosos.  … el pueblo de Puerto Rico se ha vuelto, en deplorable medida, adicto a las limosnas, acostumbrado a condiciones de inferioridad política e indiferente en gran medida a la erosión de la identidad nacional”.

El jurista apuntaba hace casi dos décadas que la situación de Puerto Rico había cambiado y ya no se experimentaban las tasas de crecimiento comparables con las más altas del mundo. 

Puerto Rico tenía un desempleo rampante, una tasa de deserción escolar alta, una de homicidios superior a la de Estados Unidos y  un papel protagónico en el trasiego de drogas.

Más aún, resaltaba que el país se había dividido en dos grupos: “La porción más grande de la población es abismalmente pobre, dominada por la droga, de pobre salud, insuficientemente educada y desempleada; y un pequeño grupo es próspero, instruido, trabajador y emprendedor.  La creciente alienación entre ambos debe ser causa de preocupación”.

Esta desigualdad  se ha agudizado marcadamente.  Desde 1997, cinco gobernadores de los dos principales partidos políticos han administrado el país de tal forma que lo han dejado al término de sus cuatrienios en peor situación que como dejó el país el gobernador anterior, con lo que han forzando a miles de puertorriqueños a emigrar.

En 1997 Puerto Rico comenzaba el período de diez años anterior al cese de los beneficios de exención contributiva federal a la industria farmacéutica (936).  Esta generaba miles de empleos directos e indirectos bien remunerados y proveía fondos a la banca para prestar a comerciantes y ciudadanos.

El gobierno de Rosselló promovió la eliminación de las 936 sin nada a cambio.

Hasta el 2006 ni esta administración ni las subsiguientes aprovecharon el periodo de gracia para sustituir este componente importante de nuestra economía.

Dicho escenario fue la antesala a la crisis que vive actualmente Puerto Rico.   La consigna se convirtió en aumentar la deuda pública para cumplir las promesas incosteables de los políticos.

La crisis económica del país tendría solución si en la metrópoli hubiera voluntad para resolverla.   El propio Congreso, que con poderes plenarios sobre su territorio, le otorga y le quita exenciones contributivas, le impone leyes de cabotaje y le impide incorporarse a una economía globalizada, es el responsable de buscar soluciones a la crisis financiera de su territorio maniatado.

Los problemas sociales son aún peores que los económicos.  La desigualdad, la falta de justicia social y salud mental son problemas mucho más graves y profundos que los económicos, los cuales el Congreso, que controla los destinos del país, puede resolver fácilmente.

Si bien los puertorriqueños son también responsables, Trías Monge justifica su rol resaltando: “Somos pueblo tribalizado, desunido, olvidado de la necesidad de exigir derechos con voz fuerte y gruesa.  Eso es lo que el colonialismo les hace a los pueblos: los disgrega, los amansa, les empobrece el espíritu, los convierte en mera algarabía de voces”.